El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha
presentado un demoledor informe tras su visita a España el pasado septiembre, que
concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno y la petición
de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que se
indiquen las medidas que se llevarán a cabo" para implementar sus peticiones
y asistir a las víctimas del franquismo.
El informe recuerda que España está "obligada" por el derecho
internacional y la
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha
enviado al Gobierno hasta 42 recomendaciones y manifiesta su disposición
a "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" al tiempo
que ofrece su "asistencia" para que España cumpla con la declaración
contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. En conversación con EL
PAÍS desde Texas, el autor del informe, Ariel Dulitzky, aseguró que la más
importante y “urgente” de todas las recomendaciones es que “el Estado asuma su
responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a
las víctimas”. Preguntado por qué ocurrirá si el Gobierno español se excusa en
la crisis económica para rechazar sus recomendaciones, Dulitzky responde: “Esto
no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega,
seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”.
Estas son las peticiones a España del grupo de trabajo de naciones unidas
sobre desapariciones forzadas:
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma
general, la ONU recomienda a España que proporcione "mayor apoyo
institucional y financiero" a las asociaciones y familiares de las
víctimas del franquismo y que cree una "entidad estatal dotada de
suficientes recursos humanos, técnicos y financieros" que se encargue de
"todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo
el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones".
Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un "plan nacional de
búsqueda" de estas personas y que lo ponga en marcha "a la mayor
brevedad posible". El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la
fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de
memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los
familiares a localizar a las víctimas.
2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que "los
responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el
momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que
las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos". Los familiares de
víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la
apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos
evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia,
casquillos, balas...), pero los juzgados casi nunca contestan.
3. Justicia. Investigaciones "de oficio". Naciones Unidas
recomienda "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones
forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e
imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las
mismas". Para ello, reclama "eliminar todos los obstáculos
jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales",
como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora
para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los
crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación,
y finalmente absuelto. La ONU propone a España "actualizar, depurar y
poner a disposición del público" la base de datos que el magistrado
elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la
frustrada investigación.
4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione
"los fondos adecuados" para que la ley de memoria histórica
"pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos
a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo
de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al
Gobierno que "vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone
la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Y reclama,
especialmente, la "implementación" de las recomendaciones de la
comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y que proponía Francisco Franco y convertir el lugar en un museo
de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de
la Armada Argentina (ESMA).
5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España
"fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y
niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación" y garantizar un
banco nacional de ADN que integre "muestras genéticas de todos los casos
denunciados".
6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre
desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere "la
creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la
verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra
Civil y la dictadura".
7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas
pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no
afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a
España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese
principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la
justicia argentina con los crímenes del franquismo.
Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a
cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer
y qué no y motivar su decisión.
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