Según informa a Confilegal su presidente, Esteban Ibarra, han crecido exponencialmente durante la pandemia del coronavirus.
El último caso que ha detectado atenta contra las víctimas de la explosión de gas esta semana en un edificio de Madrid.
El presidente de esta asociación de derechos humanos explica que en Youtube y redes sociales se han difundido mensajes de odio antireligiosos hacia los fallecidos, como, por ejemplo «tres abusadores menos», en referencia a los sacerdotes víctimas, e ironías y humillantes calificando el suceso de «castigo divino».
«Espero que los curas de la explosión aprovecharan para coger impulso para llegar rápido al Cielo», «por la explosión, unos cuantos curas menos. Vamos 2021! Viniste a hacer Justicia!!!», son algunos de los mensajes.
También le «repugna» ver las «humillaciones» que, según denuncia, «se están virtiendo hacia los inmigrantes a raíz de la situación migratoria en Canarias».
Señala que en redes sociales se califica de «invasión», se insulta a los inmigrantes e incluso se difunden amenazas graves de carácter xenófobo.
Movimiento contra la Intolerancia y el ‘Consejo de Víctimas contra la Discriminación y los Delitos de Odio’ valoran positivamente la Proposición de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, registrada ayer por PSOE en el Congreso de los Diputados.
«No puede esperar más esta Ley. Es una necesidad social», sentencia Esteban Ibarra.
Ambos colectivos piden al resto de grupos parlamentarios que sean «sensibles» a esta demanda social, «que arrancó hace dos décadas, en 2000, cuando se aprobaron las Directivas Europeas para la Igualdad de Trato y la no discriminación».
Según recuerda, en nuestro país, esta ley se ha visto frustrada en varias ocasiones.
Ibarra destaca que según el texto de la PL, esta futura Ley establece en los artículos 1º y 2º la igualdad de trato y respetar la dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución, regulando derechos y obligaciones, así como estableciendo principios de actuación de los poderes públicos y previendo medidas antidiscriminatorias contra toda forma de discriminación.
«En su articulado se abordan aspectos de gran importancia -ya recogidos en anteriores propuestas-, como el carácter universal y para todas las personas de la protección antidiscriminatoria, las garantías del derecho de igualdad de trato y la no discriminación, el establecimiento de un Comisionado como autoridad, y el régimen de infracciones y sanciones«, señala Ibarra.
Movimiento contra la Intolerancia reclama que en la PL se recoja también la «prohibición y la sanción de la estigmatización social y los incidentes de odio basados en el rechazo, desprecio, y el no respeto a la diversidad de la condición humana».
Pide que esta Ley «persiga» toda «manifestación, propaganda, mensaje, expresión, acción y toda organización, cualquiera que sea su forma o razón que sin tener la consideración de ilícito penal realice, fomente, divulgue, promueva, justifique o incite a la comisión de acciones discriminatorias, de odio e intolerancia racista, xenófoba, antisemita, islamofoba, supremacista, cristianófoba, lingüística, LGTBIfóbica, misógina y sexista, antigitana, negrófoba, y otra similares”.
Además, echa en falta la creación de un Consejo de Igualdad de Trato, con participación de las organizaciones de víctimas y entidades de diferentes sectores sociales, y pide que se incluya.
También reclama que «se mejore el tratamiento a las víctimas» porque, a su juicio, en esta PL «queda insufientemente reflejada la atención, el apoyo y la información que les se debe dar».
En este sentido, pide la creación de un Protocolo de actuación, información y de atención, así como medidas de apoyo a las víctimas.
También solicita «campañas informativas para fomentar la denuncia de las víctimas, y superar la actual situación de infradenuncia».
«Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sólo se denuncia el 30% de lo sucedido», apunta Ibarra.
Movimiento contra la Intolerancia y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio hacen un llamamiento a los grupos parlamentarios para que saquen adelante esta Ley, con las mejoras reclamadas, «que beneficiará a la sociedad y la convivencia».
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