Movimiento
contra la Intolerancia traslada
enmiendas a los Grupos Parlamentarios y pide que la Ley para la Igualdad de
Trato sea contra “Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, busque una vía administrativa de sanción
para el “discurso de odio en Internet”
y que contemple
mandatos europeos en defensa de las Víctimas
La Ley para
la Igualdad de Trato que se
debate en el Parlamento no puede ser una Ley de minorías sociales e
identitarias. El enfoque que hemos sostenido y aportado a
los Grupos Parlamentarios en las 65 enmiendas entregadas es apoyado por
el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación y
otras ONGs, defiende la protección
universal
y supera cualquier reduccionismo que
suponga interpretar que esta ley debe ser una legislación de minorías. Al
contrario, la defensa de la igual dignidad de la persona, como bien
jurídico a proteger, conlleva que se deba interpretar como una Ley
General para la Igualdad de Trato y contra Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, donde los art. 10 y 14 de la
Constitución española adquieran toda su capacidad y cuyo carácter general
alcance a la protección de todas las
personas y colectivos vulnerables según su diversidad y distintas
manifestaciones de la condición humana.
En la enmienda aportada al art.2 sobre el ámbito subjetivo de aplicación, se
sostiene que: “Se reconoce el derecho de
toda persona a la igualdad de trato, a
la no discriminación e intolerancia. Nadie podrá ser discriminado o sufrir
acciones de intolerancia por razón de nacimiento, origen racial o étnico, territorial
o nacional, condición social, color de piel, condición de
migrante o refugiado, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad,
orientación o identidad sexual, razón de género, enfermedad, profesión, lengua, cultura o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
sean reales o supuestas”.
También se plantean nuevos espacios como Internet y Redes Sociales, actividades
deportivas, artísticas y culturales y otros
ámbitos, significando prohibir con sanción administrativa “toda manifestación,
propaganda, mensaje, expresión, acción y toda organización, cualquiera que sea
su forma o razón que sin tener la consideración de ilícito penal realice,
fomente, divulgue, promueva, justifique o incite a la comisión de acciones discriminatorias,
de odio e
intolerancia racista, xenófoba, antisemita, islamofoba, supremacista, cristianófoba, de fanatismo totalitario, de nacionalismo
agresivo y también la LGTBIfobica,
misógina y sexista, antigitana, negrófoba” entre otras y no
permitiendo que las autoridades ni las instituciones públicas
nacionales, autonómicas o locales
promuevan o realicen este tipo de hechos, punibles en esta ley.
Uno de los
aspectos críticos de Movimiento contra la Intolerancia hacia la proposición de
Ley de Igualdad de Trato es la falta de referencia suficiente a las Víctimas de Discriminación e Intolerancia,
acorde a mandatos y recomendaciones europeas de la necesidad, entre otras, de un Protocolo
explicito de actuación Información, atención y medidas de
apoyo a las víctimas; también se echa en
falta la creación de un Consejo de
Igualdad de Trato con participación de las organizaciones de víctimas y
otros instrumentos necesarios como un Observatorio
y un Centro de Documentación y
Memoria, destacando necesario disponer de una Estrategia Estatal para la Igualdad de
Trato y contra toda forma de Discriminación e Intolerancia
que incorpore sensibilización,
medidas de
prevención y fomento de la denuncia de acciones de discriminación, actos de
intolerancia, violencia e incidentes y discurso de odio, información, atención y medidas de apoyo a las víctimas de discriminación e
intolerancia, la promoción
de la enseñanza de los valores democráticos y de los derechos humanos
encaminados a erradicar prejuicios, conocimientos defectuosos, adoctrinamientos, fanatismos o
radicalizaciones extremistas que
alimenten toda forma y manifestación discriminatoria y de intolerancia en todo
ámbito público y privado.
Movimiento
contra la Intolerancia ya desarrolla una iniciativa,
apoyado por el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y otras ONG, que articula
al movimiento asociativo en Red de Apoyo
en defensa de una Ley
General para la Igualdad de Trato y contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
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