“Acabábamos de salir de la discoteca. Eran las cuatro menos diez de la mañana. Dos hombres bien vestidos, con camisa blanca, de 25 o 30 años, nos preguntaron: ‘¿Qué tal chicos?’ Dijimos que nos íbamos a casa y uno de ellos dijo: ‘¡No te vas a ningún sitio, maricón!’ y empezó a pegarnos. Fue una locura. Gritaba: ‘¡Fuera de aquí, maricones! A mi pareja le rompió la nariz. Yo tengo contusiones por todo el cuerpo”. Miguel y su novio han denunciado esta semana en los juzgados de Madrid la agresión homófoba. “Otros dos chicos que creen que fueron agredidos por la misma persona se han puesto en contacto con nosotros, pero ellos no denunciaron”, relata a EL PAÍS. Miguel prefiere aparecer sin apellidos. Tiene miedo.
A Adolfo Infante y su marido les atacaron el 12 de octubre de 2013, cuando salían de cenar de un restaurante céntrico de Palencia. “Dos hombres nos pegaron puñetazos y patadas mientras gritaban ‘¡Arriba España, maricones!’”, explica. “Estábamos tan asustados que dijimos que no eramos gais para que dejaran de pegarnos, pero siguieron haciéndolo. Los golpes se curan, pero quedan secuelas de otro tipo. Los dos estuvimos en tratamiento psicológico. Lo que más daño hace es la humillación, la impotencia”. Adolfo y su marido lo denunciaron —el caso sigue abierto—, pero no fue fácil. “La primera reacción es callarte, pero son los agresores los que deberían esconderse, no las víctimas”.
Ellos denunciaron, pero son la excepción. Las agresiones homófobas, según los colectivos gais, van a más, pero solo una minoría las denuncia. La Comisión Europea pidió en 2010 a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que recabara datos sobre discriminación y delitos motivados por prejuicios contra gais, lesbianas y transexuales. El informe, una macroencuesta entre 93.079 personas de toda la UE más Croacia, se presentó en mayo de 2013. Un 46% de los encuestados en España dijo haber sido atacado o amenazado con violencia en el último año (un punto por encima de la media del estudio); solo el 18% lo había denunciado (un punto menos que la media) y a la pregunta de por qué no lo habían hecho, los gais, lesbianas y transexuales agredidos en España dieron varias razones: ni se le había ocurrido (48%), porque pensó que no serviría de nada (32%); por miedo a una reacción homófoba de la policía (19%); por temor a represalias (16%); por vergüenza, porque no quería que nadie lo supiera (15%)...
“En esto está pasando como hace años con las mujeres maltratadas”, explica Raúl García, del Colectivo de gais, lesbianas y transexuales de Madrid (Cogam). Nosotros les aconsejamos que denuncien, pero no podemos obligarles”.
Cuanto más baja es la edad, más posibilidades de que la víctima no haya revelado aún su orientación sexual en su entorno. Amanda Rodríguez, coordinadora de Arcópoli, asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, asegura que la mayoría de víctimas que no denuncian pero consultan a la asociación “no han salido del armario”. Las agresiones, añade, suelen concentrarse en “zonas de ambiente”, y el agresor suele ser múltiple: “Va en pareja o grupo”. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha lanzado la campaña No te calles, ¡denuncia! en la que anima tanto a víctimas como a testigos a no ocultar estas agresiones.
Tanto Miguel como Adolfo se quejan del trato policial que recibieron tras ser víctimas de la paliza. “Fueron desagradables”, explica Miguel. “Por eso decidimos denunciar directamente en el juzgado”. “Tienden a quitarle importancia, a tratarlo como una pelea, pero es un delito de odio”, añade Adolfo. “Y si hacen mal el atestado hay muy pocas posibilidades de que la denuncia prospere. Es fundamental que los policías reciban una formación específica y que se cree un protocolo de actuación para estos casos. Como se hizo con las mujeres maltratadas”.
El pasado abril, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, el Gobierno publicó por primera vez un balance de los llamados “delitos de odio”, que no están tipificados como tales en el código penal, sino que se consideran una agravante cuando el que delinque lo hace por racismo, discriminación por orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad, antisemitismo o aporofobia (rechazo al pobre).
Para hacer ese estudio se modificó el sistema estadístico de criminalidad. El resultado: de los 1.172 delitos de odio registrados en 2013, la mayoría (452) habían sido motivados por la orientación sexual de la víctima, seguidos por racismo (381) y discriminación al discapacitado (290).
Según la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, más de 14.500 agentes de policía y guardia civil han recibido cursos específicos. Pero Miguel y Adolfo aún no han notado ese cambio de sensibilidad policial. El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, pide a la policía que “actúe de manera rotunda contra estos pequeños grupos de intolerantes” que atacan a vecinos como Miguel por su orientación sexual.
En Madrid se produjeron el año pasado 38 agresiones de este tipo, según el programa de atención a homosexuales y transexuales de la comunidad. El fiscal jefe dictó en octubre del año pasado una instrucción para todos los fiscales madrileños sobre los “criterios a seguir en la investigación y persecución de los delitos de odio y discriminación” para “facilitar la máxima protección a las víctimas”. La memoria de la fiscalía de Madrid, presentada este mes, habla de un “auge” de estas agresiones y coincide con la crítica de Miguel y Adolfo: “La praxis diaria evidencia que muchos de estos asuntos pueden llegar a ser considerados como hechos de trascendencia menor por fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, siendo relativamente frecuente que se reputen como meras faltas sin que la investigación policial ni la instrucción judicial profundicen, en no pocos casos, en todo el reproche que merece la conducta”.
También la última memoria de la Fiscalía General del Estado advierte que con frecuencia este tipo de agresiones no son “debidamente catalogadas”, lo que atribuye tanto a la investigación policial o judicial como al hecho de que muchas víctimas no denuncian “por circunstancias personales, temor a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o situación de irregularidad en España”.
Colectivos gais, víctimas y fiscales comparten, a grandes rasgos, el mismo diagnóstico: los delitos de odio aumentan y no se identifican ni castigan adecuadamente. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales pide al Gobierno una ley integral de igualdad de trato —estuvo en proyecto en la legislatura anterior—. “Necesitamos una ley específica, como la que lucha contra el maltrato a las mujeres”, insiste Adolfo, a punto de cumplir un año de su brutal agresión
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