TONI SUST 03/10/2014
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Cataluña cuenta desde hoy con la primera ley integral del mundo, o la más integral por lo menos, contra la homofobia. La aprobó ayer el Parlament y contiene varios elementos decisivos, entre los que destaca por encima del resto un régimen sancionador, que prevé multas e inhabilitación. Esa es la gran diferencia con otras normas que se quedan en las buenas intenciones. También figura en ella la inversión de carga de prueba, que en determinados supuestos obliga al denunciado a demostrar que no ha discriminado al denunciante. Es algo que no afecta a denuncias entre personas en el ámbito penal o en el de las sanciones previstas en la ley, sino en el civil, que ya se aplica en España en ámbitos como el laboral y que está respaldado por una directiva europea.
La ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales, y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, según su denominación entera, protegerá de forma expresa los derechos de la comunidad LGTB y supone dar respuesta a una reclamación histórica de un colectivo que hace apenas tres décadas se veía en posición de ir a la cárcel por la condición sexual de sus integrantes.
Cuenta Francesc Jaurena, jurista y uno de los redactores de la ley, que en otras comunidades autónomas u otros países existen elementos de esta norma, pero no juntos en una de carácter integral, como esta. Que podría ser más integral, prosigue: la oficina que debe velar por el cumplimiento de la ley estará bajo el paraguas institucional de la Generalitat de Cataluña, que no es lo más idóneo si debe juzgarla por un hecho presuntamente homófobo. En puridad, debería ser independiente. Pero es una laguna que Jaurena ve como el mal menor de un triunfo.
La ley alude a todos los ámbitos, del laboral al sanitario pasando por el educativo, y el régimen sancionador define infracciones leves, graves y muy graves, sancionadas económicamente con multas de unos 500 euros como mínimo a más de 5.000 euros. También se prevé sancionar con la prohibición de recibir ayudas y subvenciones hasta cinco años y con la de ser contratado por la Generalitat hasta tres años.
LAS EXCEPCIONES // Casi todos los grupos convirtieron sus turnos en un mensajes de reconocimiento al colectivo LGTB y al resto de parlamentarios que han participado en la elaboración de la norma. Las excepciones fueron el PP y Unió. Unió quiso marcar distancias con el PP y explicó que estaba en desacuerdo con el régimen sancionador, la inversión de la carga de prueba y la previsión de difundir contenidos relacionados con el colectivo LGTB en el sistema educativo. En estos tres aspectos votó en contra. H
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