Fuente: Diario de Alicante
Movimiento Contra la Intolerancia, entidad nacional que trabaja para concienciar sobre los delitos de odio ha alertado al Sindic de Greugues del preocupante incremento de delitos de violencia juvenil, perpetrados por grupos en la Comunitat Valenciana. Es una de las conclusiones más significativas del Informe Raxen de 2021, que sitúa a la Autonomía en cuarto lugar respecto a este tipo de delitos, tras Cataluña, muy alejada del resto en primer lugar, Andalucía y Madrid.
Según este informe elaborado por Movimiento contra la Intolerancia, la Comunitat tiene su propia idiosincrasia en el territorio español ya que se caracteriza por la diversidad de los delitos que se registran, entre los que destacan delitos en las aulas, antigitanismo, antisemitismo, violencia nenonazi, transfobia, racismo, xenofobia, lgtifobia o disfobia, entre otros. Pero concretamente, los delitos que tienen a los jóvenes como protagonistas alertan de que son perpetrados por «gente muy joven» de 14 a 17 años «y el pronóstico en el horizonte no es bueno», explica el presidente de la entidad, Esteban Ibarra. «La violencia neonazi, ultra y las bandas es lo que más preocupa cuantitativamente y cualitativamente».
Ibarra pide que «que no se banalicen» hechos como las dos presuntas violaciones en grupo a adolescentes en Burjassot y Vila-real. «Que se indaguen, que se vean responsabilidades pero que se analicen por qué este tipo de cosas se producen, por qué no paran de asaltarnos violaciones en manadas en todo el país». Alerta también contra los mensajes de impunidad.
El Informe Raxen toma como fuentes las noticias de medios de comunicación y casos asistidos por la Oficina de Solidaridad de Movimiento Contra la Intolerancia así como otros registros. No se puede tomar como una muestra estadística pero sí como un análisis de tendencias y seguimiento de casos. En 2021 recoge 93 hechos, que dibujan un mapa del odio basado en la intolerancia. En la provincia de Alicante refleja 34 hechos, 53 en Valencia y 6 en Castellón.
La radiografía de la intolerancia es difusa porque explican que solo se denuncia el 20% de los hechos que ocurren, según as encuestas de victimización de la Agencia Europa de Derechos Fundamentales. Hay delitos que apenas llegan a las comisarías, añade, como los de aporofobia o contra personas sin documentación legal de residencia. En concreto se denuncia el 10-15% de los delitos por racismo y un 40% en los de Lgtifobia. El año 2021 se saldó con 850 hechos registrados a nivel nacional.
Desde la entidad reclama mejorar el sistema de recogida de datos. «La primera puerta de entrada a la denuncia es la comisaría o el cuartel de la Guardia Civil y animamos al Ministerio del Interior a que dé esta formación». Si bien afirma que están cambiando las cosas y reconoce el papel de la Oficina nacional de la Oficina de Delitos de Odio.
También piden políticas de intervención que se centren primero en la prevención, así como la protección y seguimiento de estas víctimas, como se plantea desde el Consejo de Europa. En este sentido demandan la actualización jurídica que mitigue incongruencias detectadas en el marco de protección de derechos humanos y víctimas de estos delitos y la adopción de una ley universal de protección de las víctimas de delitos de odio.
Ibarra explica que «la pandemia ha influido para mal porque ha generado un subsuelo donde ha habido muchos círculos de afinidad» en entornos digitales sobre todo «y cuando se sale a la calle hay una eclosión de actitudes agresivas», como en el mundo ultra del futbol. No se ha podido trabajar en neutralizar estas conductas juveniles en tiempos de covid por ejemplo en los institutos. «Las redes sociales son el principal productor del discurso de odio. Es muy inquietante lo que esta pasando».
En el caso de la violencia juvenil, señala que por ejemplo no llegan las campañas de violencia de género, en las que la Administración Pública invierte. «Es clave llegar a ese mundo con intervención social muy especializada, a través de trabajadores sociales o tejidos asociativos». Y aboga por ofrecer a niños y adolescentes alternativas de ocio y «diseñar estrategias de deconstrucción de los grupos violentos».
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