lunes, 4 de mayo de 2015

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia: «El odio ideológico y el odio religioso se van a disparar en los próximos años»


  • Este intelectual asegura que Internet es "un factor multiplicador" y pide que se cree una ley integral contra este tipo de delitos


VIDAL ARRANZ. ELNORTEDECASTILLA.ES- Esteban Ibarra es una referencia intelectual y ética en la defensa de la dignidad de la vida humana, lo que le ha granjeado un sin número de enemigos dispuestos a hacerle la vida imposible. En cierto modo, y salvando las distancias, es una víctima más de esos crímenes de odio a los que se opone desde hace más de 20 años desde su organización: Movimiento contra la Intolerancia. Y como tal se aplica a sí la misma medicina que receta a los demás: denunciar siempre las agresiones, no resignarse, no ceder a la tentación de la fatalidad. "Las víctimas no deben aceptar de forma sumisa que se las agreda por ser diferentes. Hemos trabajado mucho para lograr las libertades democráticas que disfrutamos y nadie tiene derecho a conculcarlas".

Ibarra se desplazó ayer a Valladolid para participar en el foro cívico ?Los derechos humanos ante la discriminación y los delitos de odio?, que se celebró durante todo el día en la Facultad de Educación y Trabajo Social. El lugar no fue elegido al azar. Y es que la educación es la gran apuesta de la organización que preside.

"Hay que educar para prevenir. Una sociedad fuerte en derechos humanos está más capacitada para enfrentarse a las minorías intolerantes que puedan crecer en su interior". Educar para formar individuos capaces de apreciar el valor intrínseco de la dignidad del ser humano. Pero también enseñar a detectar los signos que alertan de la existencia de un problema. "Los grupos extremistas manejan códigos propios, que van desde el uso de ciertos símbolos a la vestimenta. Códigos que no siempre son evidentes. En ocasiones he ido a colegios que estaban plagados de pintadas neonazis y los profesores no se habían dado cuenta. Creían que eran grafitis. Se estaban riendo de ellos a la cara".

El concepto de crimen de odio está asociado a la existencia de un delito penal. Normalmente, agresiones, aunque también se han dado casos de asesinato. "Los datos del Ministerio de Interior estiman que se producen 1.200 delitos de odio al año. Nosotros creemos que la cifra real se acerca más bien a los 4.000, porque muchas agresiones no se denuncian". Según los datos oficiales, el grupo más golpeado es el colectivo homosexual, pero Ibarra cree que eso es solo porque denuncian más, aunque también existe un elevado porcentaje de ocultamiento. "La mayoría de las víctimas son inmigrantes, pero solo acuden a la policía en uno de cada diez casos", explica. El tercer colectivo en sufrir agresiones son los discapacitados, y luego las personas sin techo, lo que encaja con el perfil de las organizaciones que las provocan. "Son de extrema derecha y neonazis, y están convencidos de que todas estas personas son una carga inútil para la sociedad".

El problema está ahí y todo apunta a que crecerá gracias a Internet "que es un gran factor multiplicador". De hecho, Ibarra apuesta a que "el odio religioso y el odio ideológico se van a disparar" durante los próximos años. "Todo el mundo habla de la tolerancia, pero se practica poco y mal. Vivimos en un mundo yoista, muy centrado en el yo de las personas ?mi identidad, mi discurso, mi mundo? que convive con una realidad globalizada que nos brinda conocimientos superficiales de otras religiones o culturas, lo que facilita la incomprensión y el estereotipo".

Con todo, Ibarra es hoy un hombre optimista. Cree que bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, se ha producido un avance espectacular en el abordaje legal de este problema. "Solo soy un notario de la realidad", advierte, ante el gesto de sorpresa del periodista. Y lo explica: "Este Gobierno ha creado el primer registro de delitos de odio; ha aprobado por primera vez protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para perseguir a los violentos y proteger a las víctimas; ha creado 52 fiscalías especializadas; ha impulsado la constitución del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, una institución pionera en Europa; y ha reformado el Código Penal incluyendo el delito de incitación al odio, un avance fundamental para poder perseguir el racismo en internet. Y todo ello se ha conseguido en los dos últimos años", explica el líder de Movimiento contra la Intolerancia. "Todo esto debería culminar en una Ley Integral contra los Delitos de Odio. Queremos que en esta materia se haga política de Estado, no política de partido".

Ibarra defiende el concepto moderno de tolerancia auspiciado por la Unesco en 1995 que no se limita a demandar respeto para el diferente, sino también aceptación y aprecio, como expresión del valor de la diversidad humana. "La tolerancia es el aceite de la democracia. Pero no vale solo predicarla; hay que practicarla. El problema de la intolerancia es que tiene muchas caras y no es fácil luchar a la vez contra todas e
llas".

El discurso del odio aprovecha la red

ESPERANZA CODINA. ELPAIS.COM- Hay varios motivos que sustentan la proliferación en las redes sociales y otros soportes de internet de los llamados delitos de odio, que engloban los ataques, amenazas o insultos por motivo de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación de pobreza o diferencia ideológica. La sensación de anonimato e impunidad que tiene el agresor (algo que en realidad no es cierto) y la facilidad con la que puede difundir su mensaje y hacerlo llegar a miles de personas son dos de ellos. La inmediatez, a su vez, provoca falta de control sobre ese discurso ofensivo. “Se hace sin reflexionar”, explica Mayte Verdugo, responsable en la Fiscalía de Málaga de perseguir estas infracciones desde 2011, la primera en Andalucía encomendada a esta tarea.
El primer caso que investigó, que está pendiente de juicio, fue por una supuesta incitación al odio hacia las personas de etnia gitana. “Los gitanos son una raza semihumana que se caracteriza por robar y por drogarse”, se leía en una página web creada en Málaga por un particular, hechos denunciados por la Fundación Secretariado Gitano. Este delito está sancionado en el Código Penal con entre uno y tres años de cárcel.
Entre los casos más recientes de discursos supuestamente ofensivos están los comentarios en Twitter mofándose de las víctimas del accidente aéreo de Germanwings por ser catalanes, remitidos a la Fiscalía de Barcelona y con posibles investigaciones en Málaga, Sevilla, Cádiz, Toledo y Alicante porque de estos puntos geográficos procederían sus autores, y la reciente detención de los cuatro componentes de un grupo de música por presuntamente incitar al odio y a la violencia en sus interpretaciones contra las personas con discapacidad.
La denegación de determinados servicios por la orientación e identidad sexualo por motivos xenófobos también se considera un delito de odio. La fiscal malagueña tiene sobre la mesa el caso de una chica transexual a la que supuestamente se le prohibió la entrada en un bar y el de un funcionario que habría obstaculizado reiteradamente la atención a inmigrantes que pretendían acceder a un servicio público.
La investigación de estas infracciones penales se topa con muchos inconvenientes y no es sencilla. Se trata de víctimas muy vulnerables que en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar, por eso se trabaja estrechamente con colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden sus derechos. Las cifras sumergidas en este ámbito son altísimas, hasta el punto de que algunas estadísticas reflejan que un 86% de los casos no se denuncian.
Otra complicación es que no solo hay que demostrar el hecho, sino su motivación. Es decir, que se ha agredido a una persona por ser homosexual o por tratarse de un inmigrante. En el caso de los mensajes que pueden insultar o incitar al odio, el derecho a la libertad de expresión puede “colisionar” con la protección a la igualdad y la integridad moral de los afectados, explica Verdugo.
El pionero en los trabajos de visualización de los delitos de odio en España fue el fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar. La especialización se extendió en 2013 y desde entonces funciona una red con un fiscal dedicado a estos asuntos en cada provincia. Su nombre técnico es el de tutela penal de la Igualdad y contra la Discriminación y se buscan prácticas comunes en todo el entorno europeo. La lucha contra los delitos de odio avanza poco a poco y existe un protocolo de actuación para formar a los cuerpos policiales y fomentar su sensibilidad en el tratamiento de las víctimas.
El Ministerio del Interior realiza desde 2013 un informe sobre estos delitos con el objetivo de mejorar su identificación e investigación. En España hubo en 2014 un total 1.285 incidentes conocidos (el año anterior fueron 1.172), de los que 297 se produjeron en Andalucía. Fue la comunidad más afectada y las provincias de Cádiz (132) y Sevilla (80) se situaron en los puestos de salida a nivel nacional.
La fiscal Verdugo no cree que ahora existan más casos, sino que están aflorando. Valora el trabajo que se ha empezado a hacer y apuesta por aumentar la sensibilidad de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y policía), llegar mejor a las víctimas y concienciar a toda la sociedad de la necesidad de denunciar estas prácticas. Transmite otro mensaje a los ciudadanos: “no todo lo malo es delito”. Es decir, hay conductas que pueden ser deplorables, pero no tienen castigo penal.