Los recientes asesinatos de dos jóvenes en Madrid, así como los numerosos heridos en peleas de bandas callejeras de diverso origen, sin olvidar la violencia de los ultras del futbol, entre otros, vienen a demostrar que existe un problema con la existencia de grupos urbanos violentos de diversa naturaleza que se extiende por todo el país, donde ninguna comunidad autónoma está exenta del mismo.
Es una evidencia, se denominen estos grupos como se quiera, que su configuración ya refleja su diversidad de origen, tienen muchos componentes sectarios, muy violentos, jerarquizados y con prácticas aberrantes de poder territorial, no solo producen víctimas sino que aterrorizan al conjunto de la sociedad.
En el caso de las bandas latinas o sucedáneos, estas vienen existiendo en España desde antes del año 2000, transitando por crímenes y detenciones sucesivamente. Mas reciente son las bandas delincuenciales magrebíes de otros países donde también están incluidos jóvenes españoles, aunque lo importante no es su origen sino su existencia, pues es aquí donde están y donde no deberían encontrarse.
En diciembre de 2013 el Tribunal Supremo declaró ilegal a la banda DDP (Dominican Don´t Play), también fueron declaradas ilegales los Latin King y los Ñetas, sin embargo siguen siendo una realidad delincuencial como demuestran la persistencia de sus crímenes y delitos. Las detenciones recientes de grupos ultras del futbol, algunos con relación con el narcotráfico como los detenidos de los Boixos Nois, sin olvidarnos de los grupos ideológicos de ultras de uno u otro signo, evidencia el detritus de socialización en la violencia que amenaza a los jóvenes.
Mientras tanto, transcurren los años y se puede observar un importante déficit de investigación policial al respecto, radicado en los insuficientes efectivos especializados para acometer tamaña tarea. También se constata que las resoluciones judiciales de ilegalidad de estos grupos no tienen gran consecuencia pues sus organizadores deberían estar en prisión según nuestro Código Penal y no sucede así. En el caso de crímenes salvajes cometido a veces por menores, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor con una respuesta que el delincuente y su banda interpretan de escasa sanción efectiva, genera una potencialidad para que muchos de esos delitos sean cometidos por jóvenes menores de 18 años.
A todo ello se debe añadir la inexistencia de una Política de Juventud para la Prevención y deslegitimación de la violencia, que se debe de realizar tanto en el ámbito educativo, en los medios de comunicación y sobre todo hora en las Redes sociales e internet, donde muchos adolescentes y jóvenes se socializan en dinámicas de violencia y comportamientos aberrantes de poder y relación, incluidas las sexistas.
Una de las medidas exitosas que se pusieron en marcha en torno al año 2000, donde se incautaron miles de navajas, machetes y otras armas blancas que circulaban en la noche madrileña fueron las Operaciones Luna y Buho, con identificaciones y sanciones a los portadores de las mismas. No se entiende que aun se pueda adquirir libremente tanta arma prohibida en establecimientos abiertos incluso a menores de edad. Sería conveniente mandar un mensaje firme del Estado democrático de la persecución de estas conductas de criminalidad armada
Estos grupos o bandas son ilegales, sus acciones son ilícitos penales y su realidad debe de ser erradicada, de lo contrario esto persistirá, y corremos el riesgo de su desarrollo y extensión de conflicto entre ellos y en su derivada, de una creciente afectación al conjunto de los jóvenes, la sociedad y a la convivencia cívica.
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