La amnistía olvida a las víctimas del delito de odio ideológico

 

Fuente: Confilegal

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia

Como es conocido, la proposición de ley de Amnistía acordada por el PSOE con formaciones independentistas y nacionalistas borra la responsabilidad de todos los actos que estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a las consultas celebradas en Cataluña de 2014 y de 2017, y abarca todos los actos «que se hubieren realizado entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023».

Desde la perspectiva de la víctima del delito de odio interpretamos que no vale todo con el fin de gobernar y pese al argumento de la convivencia, su abusiva interpretación puede llegar a dañar libertades y derechos fundamentales en juego.

La Amnistía abarca e incluye  no sólo la organización y celebración de las consultas, sino también posibles ilícitos que guardan conexión con ellas, como en su artículo 1.1 expone: “aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración: a) Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos».

La indefinición y redacción confusa de la propuesta de Ley genera inseguridad jurídica, impunidad y daño a las víctimas de esos ilícitos afectados por la Amnistía que van más allá de los causados al Estado y a la convivencia social, alcanzando a derechos fundamentales de las víctimas que han sufrido delitos, lo que requiere una reflexión desde esta perspectiva.

A ese respecto, en su artículo 2º, relativo a las Exclusiones, se transmite que en todo caso quedan excluidos de la aplicación de la amnistía,  actos dolosos con  resultado de muerte de personas y otros, los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes, tipificados como delitos de terrorismo sin sentencia firme y otras consideraciones, así otros delitos afectantes a la defensa nacional, e intereses de la unión europea.

Entre los delitos no excluidos, se incluyen como amnistiados dos motivos discriminatorios, señalados en el Código Penal que son la “ideología” y la “nación a la que pertenezca”, generando impunidad y graves consecuencias para  personas y  colectivos víctimas de esta intolerancia.

Así, en su propuesta de Ley, en el inciso  f) del artículo 2 señala: “Los delitos en cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurrieran de forma efectiva en la persona sobre la que recayó la conducta».

Como se observa, si se compara  con la cuasi transcripción del artículo 22.4, agravante del CP, se  ve el borrado de esas dos razones discriminatorias que afectan de manera central a muchos de los comportamientos delictivos realizados: “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta”.

Sencillamente las han retirado y además afecta a numerosos tipos penales directamente.

El Código Penal introduce artículos antidiscriminatorios que se encuentran diseminados ya sea el delito de amenazas dirigidas «a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas» del artículo 170.1 del CP, el delito de discriminación en el ámbito laboral del artículo 314 CP, el delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación y el delito de difusión de informaciones injuriosas del artículo 510 CP ., el delito de denegación de una prestación por el encargado de un servicio público o por el funcionario público, del artículo 511 CP, el delito de denegación de prestaciones en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales del artículo 512 CP , el delito de asociación ilícita para promover el odio, la violencia o la discriminación del artículo 515.4 CP ,y otros a señalar.  La ley de Amnistía afecta a todos ellos por motivos o razón de la ideología o nación a la que pertenezca,

La importancia del borrado de esos dos motivos discriminatorios, que en su mayoría son los motivos prevalentes de cientos de incidentes y delitos de odio en numerosos ámbitos,  incluido el discurso de odio en medios de comunicación y redes sociales, es enorme y más cuando al constatar la voluntad de perseverar con su consigna: “esto solo es el punto de partida y lo volveremos a hacer” que atemoriza no solo a las víctimas sino a todos las personas de compromiso semejante que se posicione como constitucionalista, reivindique su identidad española o formar parte de la ciudadanía española, incluidos inmigrantes hispanoamericanos, además de romper la convivencia y fomentar la segregación y el ostracismo hacia quienes se dirige el implícito mensaje de odio.

LA AMNISTÍA SUPONE EL OLVIDO DE LA VÍCTIMA

Los informes que desde hace años viene realizando el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, recogen miles de incidentes de odio, muchos delitos flagrantes  que van desde el acoso a las agresiones físicas, desde las amenazas al enaltecimiento de la violencia, desde el escarnio hasta los escraches intimidatorios y violentos, desde la hostilidad lingüística a la desobediencia y negación de la aplicación de resoluciones judiciales en la educación en español,  desde las injurias a los daños en los bienes, ya sean de particulares o de instituciones públicas.

En realidad desconocemos su alcance desde el 1 de enero de 2012 hasta esa fecha sin final, incierta de precisar, dado que nuevos hechos pueden ser conexionables al “proces”.

La ley nada dice de la garantía de los derechos de las víctimas de esta delincuencia, de su participación en los procedimientos en curso o de futuro que se puedan producir, del ejercicio de sus derechos, de su protección futura frente a posible reiteración delictiva.

Simplemente la víctima del delito de odio por motivo ideológico o de origen nacional no existe, trasladando un terrible mensaje a esa mayoría que sufre violación de derechos fundamentales por su condición ideológica constitucionalista o por su origen nacional español; es la denunciada Hispanofobia que abunda de sobremanera en los incidentes que hemos registrado en el Observatorio y en el infierno de las redes sociales o en medios de comunicación.

De ser así, nos encontraremos con un impulso enorme de la victimización por impunidad de los discursos y delitos de odio por motivo ideológico y por origen nacional que incluso se extienda a inmigrantes hispano-parlantes que no se someten a una interpretación de la convivencia no respetuosa con el bilingüismo y las sentencias de los Tribunales de Justicia. Sin olvidar que eso es siempre multiplicador y extenderá la hispanofobia, como ya sucede en otros lugares del país.

Muchos de estos procedimientos penales en curso podrían afectar a diferentes organizaciones, no solo a los CDR o Tsunami, también a alguna otra como a los 28 ultras independentistas xenófobos del Moviment Identitari Català (MIC), investigados por el Juzgado número 1 de Barcelona y en espera de juicio, que reivindican el independentismo fascista de los años veinte del siglo pasado y tiene como referentes a los Badia, Cardona o Dencàs, además de organizaciones armadas como Bandera Negra (recordada en manifestaciones secesionistas) y otras que alimentan la hispanofobia, la xenofobia y la intolerancia de carácter ideológico. Un procedimiento en el que Movimiento contra la Intolerancia ejerce la acción popular.

Las víctimas en general y por su condición ideológica o de origen nacional, han sufrido ataques organizados, súbitos, sorpresivos, inopinados donde los agresores conscientemente  reivindican “que se vayan” o se encierren  en su casa, les aplican la ley del silencio, les “cancelan” y acosan, provocan su huida, como sucede a profesionales y  familias que reivindican el bilingüismo y defienden sus derechos educativos en las escuelas y  les humillan o les agreden.

Una violencia incomprensible para cualquier  ciudadano  que no comparta su proyecto anticonstitucional, identitario y excluyente.

La dignidad humana, las libertades y derechos fundamentales de las víctimas son el objeto esencial de ataque de los delitos de odio  por motivo ideológico y de origen nacional que se concretan en  víctimas en riesgo, gentes a quienes además de despreciar por considerarlos “subalternos” desde su intolerancia supremacista,  sufren agresiones, no solo daños físicos, también  morales y patrimoniales directos, acompañadas de un mensaje resumido en que “no tienen sitio en su sociedad”, ni ellos, ni su colectivo de referencia y que están dispuestos a provocar y enfrentarnos a todos mediante su deshumanizado “odio al diferente”.

Interpretar correctamente estos delitos de odio por motivo ideológico y origen nacional amnistiables, entender el daño que produce a las víctimas y su mensaje de sumisión o de “no hay futuro”, debería no trivializar estos hechos y adoptar  una actitud de escucha a las personas que lo sufren, a todas.

Nunca se puede equiparar agresor y víctima. Y mucho menos no contemplar el daño procediendo a un borrado de estos delitos que generan más impunidad de futuro y hacen imposible aquello que reivindicamos todo memorialista de la víctima: ¡¡Nunca Más!!

INFORME SOBRE LA VIOLENCIA POLíTICA EN CATALUÑA

 

● La hispanofobia, presente en el 51,6% de los incidentes
● En un 98,71% de casos, el incidente violento ha sido perpetrado por personas o grupos independentistas
● En un 74,84 % de los casos, las víctimas de la violencia y odio ideológico en Cataluña
han sido identificadas como contrarias a la secesión
● Aumenta la violencia interna del secesionismo: en el 88,89% de los incidentes con víctimas independentistas, los agresores han sido otros independentistas

Aumentan el discurso de odio ideológico y la hispanofobia con la complicidad del poder político nacionalista

Informe Raxen

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña (OCVPC) es un grupo de estudio independiente y sin vinculación partidista resultado de la colaboración entre Impulso Ciudadano, entidad constitucionalista comprometida con la defensa y promoción de los valores democráticos, y Movimiento contra la Intolerancia, organización de derechos humanos especializada en la lucha contra los delitos de odio. Ambas entidades presentan el quinto Informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, referido a incidentes relacionados con la violencia política constatados durante 2022.

El informe denuncia la naturaleza vicaria de la violencia política y el odio ideológico en Cataluña. Un fenómeno que modula a conveniencia su intensidad y naturaleza en paralelo a la evolución del contexto político en su función de herramienta al servicio del nacionalismo gobernante y su estrategia de presión en la negociación política o el afianzamiento de sus intereses a corto o largo plazo.

El nuevo informe demuestra con datos objetivos incontestables la existencia de un elemento nuclear, persistente y significativo de violencia política y odio ideológico en el centro de la vida política de esta comunidad autónoma. Este fenómeno es un hecho diferencial de la política catalana que da a ésta una naturaleza propia, trivializado o alentado con su silencio cómplice por el poder nacionalista en el Gobierno de la Generalitat y sus intereses políticos.

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña denuncia que 2022 ha sido, a la vez, un año de continuidad y de cambio:

De continuidad, porque se mantiene el fenómeno de la violencia política y el odio ideológico como un elemento constante, recurrente, sistémico del panorama político catalán. Se continúa señalando a todo aquel que se opone al discurso hegemónico del nacionalismo. Se continúa hostigando a partidos políticos, entidades cívicas y particulares que plantan cara o cuestionan este poder. Continúa el crecimiento del discurso de odio ideológico y la hispanofobia de la mano de la connivencia del poder político y alentado desde las redes sociales y algunos medios de comunicación.

De cambio, porque se ha producido un descenso significativo en el volumen de incidentes, reducidos a menos de la mitad. De cambio, también, de la tipología, con un descenso del número de incidentes de violencia callejera y un peso, cada vez mayor, de las redes y los medios de comunicación como el foco de la violencia e intransigencia basadas en el odio ideológico y la hispanofobia.

Para este Observatorio, la violencia política y el odio ideológico siguen siendo una cuestión de primera magnitud no sólo para Cataluña y los catalanes, sino para toda España y el futuro de nuestra democracia. El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña seguirá haciendo una aportación que considera necesaria y esencial para la comprensión de la realidad política catalana.
Este informe correspondiente a 2022 alcanza las siguientes conclusiones:

1. Violencia política y contexto político. Se confirma el carácter instrumental de la violencia política en Cataluña y su sincronía y simbiosis con las estrategias y momentos políticos del nacionalismo gobernante. El papel determinante del independentismo en el sostén del gobierno de la nación y el logro por parte de los partidos independentistas de algunos de sus diferentes objetivos, gracias a la dependencia del Gobierno de España de su apoyo, tiene un efecto balsámico en los actos de violencia política en Cataluña que se reducen a menos de la mitad en comparación con los años anteriores. De 380 incidentes registrados en 2020 y 351 en 2021, se pasa a 155 en 2022 (una reducción de un 55,84 % con respecto a 2021).
2. Violencia sostenida y odio en redes. Aumenta el peso proporcional de los incidentes de odio en redes acompañados de las manifestaciones de odio y xenófobas habituales en los medios de comunicación públicos de Cataluña. Ambos tipos de incidentes se convierten en la forma de violencia subrogada más común, a falta de violencia callejera como la ocurrida en los años anteriores. Los incidentes registrados en redes sociales aumentan casi 10 puntos y pasan de representar el 25,3% en 2021 al 34,8% del total en 2022. Se asienta, y toma cada vez mayor relevancia, un modelo de violencia y discurso de odio en redes a través de campañas de acoso y señalamiento y de afirmaciones hispanófobas desde el ámbito nacionalista-independentista.
3. Hispanofobia. La hispanofobia es el eje central del discurso de odio político en Cataluña. Los incidentes con un contenido hispanófobo pasan de representar alrededor del 30% en los años anteriores (32,1% en 2020 y 31,05% en 2021) a estar presente en 80 incidentes de un total de 155, un 51,6% del total de incidentes recogidos en 2022.
4. Incidentes mensuales. La distribución mensual de incidentes confirma también la sincronía entre el calendario y la estrategia política del independentismo y la violencia política en Cataluña. La ausencia de tensión para la consecución de sus objetivos entre el independentismo y el Gobierno de España y la ausencia de detonantes provocan una distribución mensual equilibrada durante todo el año, frente a los meses puntuales de extrema conflictividad de informes anteriores.
5. Distribución geográfica. En cuanto a la localización geográfica de los incidentes violentos ocurridos durante el 2022, de 155 incidentes, 54, un 34,8% del total, se han registrado en redes sociales y 101, un 65,16%, se han producido en distintas localizaciones geográficas de Cataluña. Como en todos los informes anteriores desde el 2019 hasta el presente del 2022, el área de Barcelona continúa siendo líder indiscutible en la concentración de incidentes localizados. La suma de Barcelona capital (66 casos sobre 101 incidentes localizados, 65,35%), su área metropolitana (6 actos, 5,94%) y provincia (18 incidentes, 17,82%), supone que en Barcelona capital y su provincia han ocurrido el 89,11% del total de incidentes de toda Cataluña, casi 10 puntos más de concentración en esta área que en el 2021 (71,11%), que ya supuso un aumento similar con relación al 2020. Se confirma así, una doble tendencia en esta concentración de incidentes violentos en el área de Barcelona: la práctica totalidad de incidentes violentos localizados se concentran en la provincia de Barcelona (89,11%) y dentro de ésta, una muy amplia mayoría (65,35%) ocurre en Barcelona. La contrapartida es la deslocalización de la violencia en el resto de las provincias, con un 9,90% de incidentes registrados en Gerona y solo incidente registrado en Lérida capital (0,99%). Tarragona vuelve a ser la provincia menos violenta de Cataluña, con ningún incidente registrado en todo el año 2022.
6. Tipos de incidentes. La deslocalización de la violencia afecta también a la tipología de los incidentes. El daño y deslucimiento de bienes cae del primer puesto en 2021 al sexto lugar en 2022. Los incidentes con elementos de discurso de odio e hispanofobia encabezan la clasificación por tipos con 38 incidentes, un 24,52% del total, dejando constancia de la importancia creciente del odio y la hispanofobia como elementos determinantes en el mapa anual de la violencia política en Cataluña. Le siguen, en este orden, las injurias (21 incidentes), actos de acoso y boicots (19), el enaltecimiento del terrorismo (17), actos de escarnio (13), daño y deslucimiento de bienes (12), amenazas (11), agresiones físicas y escraches intimidatorios (10 y 9 incidentes respectivamente), desórdenes públicos (4), cerrando la lista los escraches violentos con sólo 1 incidente registrado.
7. Incidentes según agresores. La violencia política en Cataluña durante el 2022 ha provenido de nuevo de manera casi exclusiva del ámbito adscrito ideológicamente al secesionismo. De un total de 155 incidentes, en 153 casos el incidente violento ha sido perpetrado por personas o grupos independentistas, lo que supone un 98,71% del total anual. Tan sólo en 1 caso, un 0,65% de los actos violentos, un incidente ha sido atribuible al ámbito ideológico contrario a la secesión. El porcentaje de 98,71% de incidentes de origen independentista respecto a la serie consecutiva de los 3 años anteriores (2019: 95,45%, 2020: 91,84%, 2021: 88,89%) supone el récord histórico de los informes del Observatorio. Se puede afirmar de manera rotunda que la violencia política en Cataluña en 2022 fue exclusivamente independentista y si tenemos en cuenta el total de registros históricos de los últimos 4 años, podemos afirmar que los actos de violencia política anti-independentista son absolutamente residuales en Cataluña. Los sucesivos informes desmienten de manera clara el discurso del nacionalismo sobre la existencia de una supuesta amenaza españolista y la victimización de los defensores de la independencia.
8. Incidentes según víctimas. Por tercer año consecutivo, los particulares y entidades contrarios a la independencia de Cataluña ha sido el grupo de víctimas con relación a su adscripción ideológica que ha sufrido de manera reiterada y mayoritaria actos de violencia política durante el 2022. Sobre un total de 155 incidentes, en 116 ocasiones, un 74,84% de los casos, las víctimas de los actos han sido identificadas como contrarias a la secesión o los mensajes de odio e hispanofobia en redes se han dirigido a ellas, lo que representa un porcentaje casi idéntico al del año 202 (74,3%). En tan sólo 9 casos, un 5,80% del total, las víctimas han sido identificadas como secesionistas, un porcentaje aún menor al del 2021 (9,90%). Por último, en u total de 30 casos (19,35%), se ha considerado a las víctimas como de adscripción ideológica indeterminada, es decir, particulares, profesionales, instituciones o administraciones a los que no es posible atribuir una determinada adscripción ideológica, en la mayoría de casos, víctimas de actos, campañas de acoso y boicots por parte del independentismo.
9. Violencia interna del secesionismo. Continúan los actos de violencia interna de secesionismo. De los incidentes en los que la víctima ha sido identificada como secesionista, en 8 casos (5,16% del total) el agresor ha sido también independentista y sólo en 1 caso (0,65%) el agresor se ha identificado como anti-independentista. En otro caso, no ha sido posible identificar la adscripción ideológica del agresor. Es decir, que en un 88,89% de los incidentes en los que las víctimas han sido independentistas, los agresores han sido otros independentistas.
10. Incidentes sufridos por las organizaciones políticas. El ataque a organizaciones políticas (sedes, carpas, actos) ha continuado presente durante el 2022, con un porcentaje ligeramente inferior al del año anterior. En total, se han producido 23 agresiones a partidos políticos de un total de 155 incidentes, 14,84% frente al 18,80% de 2021. Una vez más, las formaciones políticas de la órbita constitucionalista o contrarios a la secesión de Cataluña acumulan la mayoría de ataques a sedes y representaciones: 14 de un total de 23 ataques, un 60,87% del total. Vox encabeza nuevamente en términos absolutos este ranking de organizaciones políticas agredidas con 7 ataques (30,43% del total). Le sigue, dentro del constitucionalismo, el PP, con 3 incidentes (13,04%) y empatados, cierran la lista Cs con 2 (8,70%), y PSC con 2 (8,70%). No consta a este Observatorio ninguna agresión a sedes o actos de BeC- ECP. En el ámbito independentista, se produce un triple empate, ERC, JxCat y las CUP, con 3 ataques cada uno y un porcentaje de un 13,04% cada organización. Es de destacar que tanto JxCat como las CUP sufren por primera vez este tipo de agresión, una prueba más de las tensiones internas existentes en el seno del independentismo. Siguiendo la tónica de años anteriores, en el 100% de los casos, los ataques a formaciones independentistas han provenido del propio ámbito ideológico secesionista. No se ha identificado ninguna agresión a formaciones secesionistas de origen anti secesionista.
11. Incidentes sufridos por entidades cívico-políticas. Se produce un aumento radical en el acoso a las entidades cívicas no nacionalistas. En un contexto de descenso significativo del número de incidentes registrados, los ataques a entidades casi se duplican y pasan de 11 en 2021 a 21 registros en 2022. Las entidades constitucionalistas son las víctimas en el 100% de los casos, superando el 91% del 2021. Se multiplica, también, el número de asociaciones atacadas: 10 asociaciones han sufrido algún tipo de acto violento o campaña de acoso. Por cuarto año consecutivo, la entidad más atacada fue el colectivo de jóvenes constitucionalistas S’ha Acabat! (7 incidentes, 33,33% del total), seguido de Escuela de Todos (4 incidentes, 19,05%), la Asamblea por una Escuela Bilingüe (2 incidentes, 9,52% del total) e Impulso Ciudadano (2 incidentes, 9,52% del total) y con un 1 incidente y un 4,76%, el resto de las entidades: Societat Civil Catalana, ACVOT, FEPOL, Politeia, ELA y Estudiants pel Canvi. Ninguna entidad independentista sufrió ningún tipo de agresión.
12. Incidentes contra autoridades, profesionales e instituciones. Repunte de incidentes contra autoridades, profesionales e instituciones. Tras dos años de descenso, los 49 incidentes registrados suponen un 31,61% del total, 5,40 puntos más comparado con el 26,21% del 2021. Descienden los actos contra el Rey y la Corona, con 4 incidentes (8,16% de registros contra autoridades, profesionales e instituciones). La práctica desaparición de los altercados callejeros y desórdenes públicos violentos de los años anteriores hace que los cuerpos de seguridad dejen de ser el colectivo más afectado por los incidentes violentos. Si en el 2021, la suma de incidentes contra los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Policías Locales y Fuerzas Armadas, supusieron el 26,43% de este tipo de actos, en el 2022, los 4 incidentes contra cuerpos policiales y Fuerzas Armadas representan un 8,17% del total, casi 18 puntos menos que en el año anterior. El colectivo que ha sufrido el mayor número de incidentes violentos en 2022 ha sido el de los cargos electos, con 8 incidentes contra parlamentarios autonómicos (26,32%), 5 contra concejales (10,20%) y 1 contra un parlamentario nacional (2,04%). Si sumamos todo, los representantes electos han sufrido 14 incidentes, el 28,56% de actos violentos o de odio ideológico contra autoridades y profesionales. Otros colectivos profesionales o institucionales también han sufrido incidentes violentos en menor medida, como el sector empresarial (7 registros, 14,29%), o los profesionales de la comunicación, la enseñanza y la cultura y el deporte, cada uno de ellos con 5 incidentes y un 10,20% del total.
13. Violencia independentista contra las autoridades y profesionales. Al igual que en todos los demás apartados, los casos de violencia política u odio ideológico en Cataluña contra autoridades y profesionales han provenido casi exclusivamente del ámbito secesionista durante el 2022. De los 49 casos registrados, 42 (85,72%) han sido de origen independentista y 7 incidentes (14,28%) de origen indefinido. No se ha registrado ningún incidente violento o de odio contra autoridades y profesionales de origen constitucionalista.

Barcelona, 9 de junio de 2023

Descargar informe

Contacto:
Carlos Silva (Coordinador): 690289258

Nota de Prensa: Denuncia campaña de odio en Canet de Mar

 

Educatolerancia

Movimiento contra la Intolerancia denuncia ante la Fiscalía General la campaña de odio y hostilidad en Canet de Mar contra el menor de 5 años y su familia y la Discriminación lingüística e Hispanofobia que está produciéndose en Cataluña

Movimiento contra la Intolerancia ha presentado hoy una denuncia tras el conocimiento de numerosos mensajes que parecen confluir unidos en una campaña de difamación, estigmatización y daños hacia la dignidad del MENOR DE 5 AÑOS Y SU FAMILIA EN CANET DE MAR, y que alcanza al conjunto de menores y familiares que se sitúen en la misma afectación de reclamar la materialización de sus derechos lingüísticos que los Altos Tribunales Españoles les otorgan. Los hechos, sobradamente recogidos por los medios de comunicación, por lo que evitamos su reproducción material, merecen ser señalados en una síntesis en los que se pueden apreciar:

• Insultos y mensajes injuriosos en las redes sociales, abusos y acoso en decenas de mensajes que se han multiplicado por redes, whatsapp e Internet, como evidencian las diferentes denuncias interpuestas, en especial los twits que aportó la Asamblea por la Escuela Bilingüe.
• Pintadas ofensivas en el centro escolar en pleno contexto de las decisiones judiciales al respecto.
• Llamamiento a apedrear la vivienda de la familia, matizados posteriormente como “escraches” que no son sino manifestaciones de hostilidad.
• Mensajes para hacer el vacio al menor, llevándole al ostracismo, hasta lograr que se vaya de la escuela
• Coacciones amenazantes para que se desistiera del ejercicio de derechos lingüísticos, desvelando nombre y profesión del padre del menor, de la madre y de un posible comercio, así como su posible adscripción política.
• Manifestación, sin solicitar autorización para su emplazamiento, a pocos metros del Centro educativo en horario de salida de los menores escolares que bien podría afectar psíquicamente al menor y la familia contra quien lo dirigían y al conjunto de los alumnos presentes. Una manifestación con personas con capuchas y bengalas de humo, al más puro estilo de los ultras de fútbol.
• Anuncio de reproducción de manifestaciones de esta naturaleza para los próximos días.
• Así como numerosas expresiones que denotan una manifiesta hispanofobia y rechazo a la lengua oficial española a cuyos hablantes se les califica de “ñordos españoles” y otras expresiones de ese tenor.

Movimiento contra la Intolerancia sostiene que el extremismo de los que promueven y realizan estas conductas discriminatorias o acciones de intolerancia conllevan la selección como “chivo expiatorio” de esta familia de Canet de Mar, en la que proyectan el rechazo a la aplicación de decisiones judiciales en la protección de derechos fundamentales, como es el caso de los derechos lingüísticos. Sus actos de de odio suponen hostilidad y daños a la dignidad de las víctimas, a sus semejantes y además, provocan un gran deterioro de la convivencia. La igualdad y la no discriminación han de ser consideradas como una expresión de la propia dignidad humana. Ya sean por su dimensión étnica, nacional o ideológica, estas conductas de intolerancia lingüística, pueden llegar a suponer un delito de odio, en este caso, de hispanofobia.

Movimiento contra la Intolerancia recuerda que el T. Supremo y el T. Constitucional señalan que la libertad de expresión no es infinita y afirman que puede considerarse necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir formas de expresión que propaguen, promuevan, o justifiquen el odio basado en la intolerancia. Tanto la Constitución española en su art. 10, como los tratados internacionales, otorgan protección a la dignidad humana. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 1º proclama que: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida».

Movimiento contra la Intolerancia recuerda la STS n.º 259/2011, que exige la concurrencia de “un peligro real para los bienes jurídicos protegidos”, es decir, “no es preciso un peligro concreto, siendo suficiente el peligro abstracto, si bien puede entenderse que es suficiente el peligro potencial o hipotético a medio camino entre aquellos, según el cual lo que importa es la capacidad de la conducta para crear el peligro relevante”.

Finalmente pide a la FISCALÍA la investigación de los hechos denunciados, se depuren las responsabilidades que se pudieran derivar, y su intervención en la INVESTIGACIÓN DE POSTERIORES ACCIONES EN TORNO A ESTE CASO, según se anuncian por diversos medios.

Descargar Nota de Prensa

El Observatorio de la Violencia Política en Cataluña alerta sobre el incremento de expresiones de odio ideológico

FUENTE: Confilegal

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña (OCVPC), integrado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, alerta sobre el incremento de expresiones de odio ideológico en vísperas de la Diada, que se celebra el 20 de septiembre, y del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y reclama a los poderes públicos «más compromiso» para la erradicación de los incidentes de odio.

El Observatorio realiza informes en los que recopila los incidentes relacionados con la violencia política y el odio ideológico cometidos en esta comunidad, y viene denunciando que «los comportamientos violentos en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean actos o agresiones físicas, amenazas verbales, manifestaciones hispanófobas, llamamientos explícitos al enfrentamiento, se han convertido en moneda habitual del enfrentamiento político en Cataluña».

Según el último informe de esta entidad, creada por Movimiento contra la Intolerancia e Impulso Ciudadano, presididas por Esteban Ibarra y José Domingo, respectivamente, y coordinada por Carlos Silva, en 2020 se  registraron 380 incidentes de violencia política y odio ideológico en Cataluña, 122 de ellos de hispanofobia.

El informe incorpora en el Anexo un análisis de Esteban Ibarra sobre la intolerancia, discriminación, discurso de odio y violencia en Cataluña. 

El Observatorio ha advertido hoy de «la extrema peligrosidad de la dinámica de incidentes de odio ideológico». Subraya que «una sociedad democrática y un Estado de Derecho no pueden normalizar la violencia política y el odio ideológico en cualquiera de sus manifestaciones como una vía legítima y recurrente para la expresión de ideología o la consecución de objetivos políticos».

Señala que «un año más, la Diada del próximo 11 de septiembre parece que va a marcar en Cataluña el inicio del calendario de tensión política y de reivindicación independentista que, previsiblemente, tendrá su momento álgido, como viene ocurriendo desde el 2017, en torno al 1 de octubre y la conmemoración del fallido referéndum ilegal».

Manifiesta que ya es habitual que estas dos fechas se estén viendo precedidas «por una estrategia desde las instituciones y organizaciones secesionistas dirigida a tensionar la sociedad catalana de cara a un nuevo otoño de enfrentamiento».

Destacan que «se suceden las declaraciones imprudentes e irresponsables de cargos políticos».

«Es el caso de un concejal que manifiesta en Twitter la necesidad de 10.000 soldados rusos o catalanes para sacar adelante la independencia de Cataluña; del expresidente prófugo de la Generalitat llamando a la confrontación con el Estado y expresando la necesidad de luchar desde las calles para lograr ese mismo objetivo», precisa el Observatorio.

Asimismo, señala que «se repiten los ataques a sedes de partidos políticas y las pintadas con amenazas a cargos electos constitucionalistas; y que Arrán, las CUP y el entorno del independentismo radical vuelven a convocar concentraciones y Diadas “paralelas” en la Plaza Urquinaona, epicentro de los estallidos de violencia sucedidos en Barcelona durante los últimos años».

«Ante la gravedad de este escenario, y para evitar males mayores», desde el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña reclaman a los poderes públicos que «conciencien a la población y persigan cualquiera forma de violencia e intolerancia».

«En Cataluña la condena explícita de los actos de violencia política en su distintas manifestaciones debe ser una prioridad», reivindica.

También exige que las instituciones y sus representantes «acaben con una actuación demasiado complaciente o amistosa con grupos y personas independentistas que aprovechan el aniversario del 11 de septiembre o del 1 de octubre para manifestar su odio ideológico contra el adversario político».

En especial, pide una «actuación decidida y firme de las Fuerzas de Seguridad para frenar las agresiones y coacciones que bajo el disfraz de la libertad de expresión o derecho de protesta pretenden coartar los derechos y libertades fundamentales de aquellos que piensan de manera diferente.»

Reivindica, una vez más, «la democracia entendida como un espacio de convivencia y tolerancia frente a aquellos que quieren convertirla en un campo de enfrentamiento violento y de amenaza al discrepante como antesala hacia un modelo social totalitario completamente inaceptable».

El Observatorio desea que las recientes convocatorias llevadas a cabo por organizaciones independentistas y formaciones antisistema «no sirvan de plataforma para la organización de actos violentos contra las Fuerzas de Seguridad, las personas y entidades constitucionalistas y la sociedad en general».

 

Cataluña registró 380 actos de violencia política en 2020

 

Educatolerancia

Más del 90% de la violencia política en Cataluña en 2020 proviene de sectores independentistas

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, ha emitido su tercer informe que recopila los incidentes relacionados con la violencia política y el odio ideológico cometidos en Cataluña durante el año 2020:

• 380 actos de violencia política durante el año 2020
• El 91,84% de los actos violentos tiene autoría independentista
• 122 incidentes de hispanofobia (32% del total)
• Vox y PSC, los partidos más atacados

Descárgatelo aquí

Resumen Informe Violencia Política 2020

Artículo. Intolerancia y Delitos en Cataluña. Esteban Ibarra

Informe sobre Violencia Política en Cataluña 2020.

Informe Raxen 77: Intolerancia por motivos ideológicos y políticos

Educatolerancia

Resulta una obviedad constatar que en Cataluña se producen de manera continuada numerosos actos de intolerancia, mensajes de odio por diversos medios e incidentes relacionados con la violencia política, como así evidencian los Informes del Observatorio Cívico sobre Violencia Política en Cataluña, apoyado por las ONG de derechos humanos Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia. También los Informes relativos a los Delitos de Odio en Cataluña del Ministerio del Interior, lo confirman. Igualmente, el Observatorio de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat y el Informe Raxen de Movimiento contra la Intolerancia, lo recogen y suman otros incidentes relativos a manifestaciones racistas, xenófobas y demás conductas de intolerancia asociadas. Son hechos registrados, reconocidos y muchos de ellos con procedimientos judiciales y sentencias. Hablamos de una realidad empírica.

Sin embargo se puede comprobar que se realizan y difunden discursos, comentarios periodísticos y mensajes mediáticos sobre la interpretación de estos hechos y conductas por motivos ideológico- políticos que generan gran confusión, dado que se sitúan bien banalizando estos problemas, distorsionando la comprensión de su realidad, ignorando la gravedad de los mismos y minimizándolos, o cuando no, impulsando la desinformación, la mentira, la distorsión de la realidad y de la memoria, o el ocultamiento sin más de la verdad, e incluso confundiendo términos de calificación que legitiman hechos graves en función de intereses de parte. Si no se practica un compromiso honesto con la verdad objetiva y cierta unidad lexicológica interpretativa para la identificación de los problemas, nos veremos abocados a un agravamiento de los conflictos por la desorientación social y política que producen, así como a graves distorsiones ético-cívicas.

Descargar aquí

Agresiones “racistas” a jóvenes migrantes por parte de patrullas ciudadanas “ilegales” en Cataluña

Fuente: Europa Press

Las ONG antirracistas SOS Racismo y Movimiento contra la Intolerancia han rechazado las agresiones con “clara motivación racista” por parte de las patrullas ciudadanas que están surgiendo en algunas zonas de Cataluña. Tal y como han apuntado las organizaciones, estas patrullas actúan “fuera del ordenamiento legal” y “saltándose” la presunción de inocencia, “prejuzgando y tomándose la justicia por su mano” contra los jóvenes migrantes extutelados.

Varias entidades en defensa del colectivo migrante consultadas por Europa Press han rechazado el asalto a un piso que estaba ocupado por jóvenes migrantes cometido por parte de un grupo de personas de Premià de Mar (Barcelona), en una zona del municipio donde existe una elevada actividad delictiva y se registran numerosos robos y asaltos. Si bien, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Méndez, ha dicho que fueron “dos o tres personas que actuaron a título individual, no era un grupo muy organizado”, cuestionando la existencia de estas patrullas ciudadanas.

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de incidencia política de SOS Racisme Catalunya, Gemma Ferreón, ha explicado que se están produciendo dinámicas parecidas por parte de ‘patrullas ciudadanas’ en varias zonas de la región, también en el barrio barcelonés de la Trinitat Vella. “Todo esto tiene un contexto estructural donde la violencia hacia el colectivo de menores migrantes se extiende en el tiempo, no es algo nuevo”, ha apuntado, para después añadir que se han dado “casos de extrema violencia” hacia la infancia y juventud migrante que “está sufriendo una constante estigmatización y racista”.

Tal y como ha remarcado, estas patrullas ciudadanas actúan “saltándose” la presunción de inocencia, “prejuzgando y tomándose la justicia por su mano” y, por ello, sus actos “son delictivos” y “no deben quedar en la impunidad”. “No es el camino, no se puede responder con violencia”, ha remarcado, subrayando además que en ningún caso se ha demostrado la culpabilidad de las personas atacadas ni su relación con los asaltos y robos que se han producido en la zona. “Si fueran blancos, ¿llegaríamos a esta violencia?”, ha cuestionado.

Ante una situación de tensión social, tal y como ha añadido, “acaban siempre pagando los colectivos más discriminados”. Su criminalización, según ha añadido, sucede a pesar de que “un pequeño porcentaje” de este colectivo “delinque”. “Por un hecho aislado se culpa a todo un colectivo, que encima es el más vulnerable”, ha lamentado Ferreón.

No obstante, la representante de SOS Racismo ha hecho hincapié en que, aparte de estas patrullas, también hay muchos vecinos “trabajando en el control y contención” para que su derecho a sentirse seguro “no derive en violencias y ataques racistas”. Según ha reiterado, son las instituciones las que deben evitar que se llegue a esos extremos de violencia y garantizar la convivencia.

Así, ha denunciado que las instituciones y las administraciones “no cumplen con sus responsabilidades” y son “los principales causantes de las discriminación” hacia estos menores migrantes cuando “deberían ser los garantes” de sus derechos. En este contexto ha lamentado las declaraciones del alcalde de Premià, quien, a su juicio, trata de “quitarle importancia a una agresión con clara motivación racista”. “Quitarle importancia a este acto es no conocer la problemática de la zona”, ha concluido.

“CARGA XENÓFOBA” EN ESTAS PATRULLAS CIUDADANAS

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha afirmado que las acciones de estas patrullas ciudadanas “hay que situarlas en la ilegalidad”, al tiempo que ha subrayado que existe “carga xenófoba” en manifestaciones de esos grupos ciudadanos.

“La forma de proceder adecuada es denunciar y que las instituciones acometan esas denuncias”, ha apuntado al respecto. Tal y como ha declarado Ibarra, el “hecho” es que los vecinos de la zona del piso ocupado de Premià llevaban tiempo quejándose de la falta de seguridad en la zona, incluso de intentos de agresiones sexuales, pero “no que no está constatado es que tengan ser por parte de estos jóvenes que se ubican en el piso ocupado”.

Para Ibarra, ante el “déficit” de esa seguridad de los ciudadanos por la falta de respuesta institucional por parte del ayuntamiento y de la Generalitat, aparecen estos grupos de patrullas ciudadanas que “no se legitiman con el ordenamiento legal”. “Estas son prácticas muy peligrosas que ante la omisión institucional de un derecho fundamental que es el de la seguridad ciudadana pues la respuesta no puede ser una acciones delictivas”, ha aseverado.

Ibarra además ha apuntado que “es responsabilidad” de las instituciones “buscar salidas” y “dar opciones” a estos jóvenes cuando su periodo de tutela finaliza, y ha dicho que no se les puede “dejar en la calle”.

“RACISMO INSTITUCIONAL”

Por otro lado, recientemente SOS Racisme Catalunya ha hecho público un audio en el que se escucha a un agente de los Mossos d’Esquadra profiriendo insultos racistas contra un hombre de 20 años, W.D.R., durante su detención policial. De hecho, seis agentes de los Mossos d’Esquadra están siendo investigados por los delitos de lesiones y contra la integridad moral tras la denuncia presentada el agredido.

Desde SOS Racismo han afirmado al respecto que la perfilación racial es la base “del racismo institucional” y sirve de puerta de entrada a la mayoría de abusos policiales.

Por su parte, Ibarra ha tachado de “impresentable” esta conducta de los agentes. Para él, estas manifestaciones contra el joven “dañan su dignidad” y la conducta de los agentes está “prohibida en las  ordenanzas”, por lo que asuntos internos “debe actuar” ya que es un presunto delitos contra las libertades y derechos fundamentales y los Mossos deben ser apartados de la policía catalana.

Los incidentes de odio en Cataluña se multiplicaron por cinco tras la sentencia del ‘procés’

Fuente: Confilegal

Tras la sentencia del ‘procés’, los incidentes de odio y las acciones violentas en Cataluña ascendieron a un millar, lo que multiplica por cinco la cifra detectada en el primer semestre, según ha informado el ‘Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña’.

Esta entidad, creada por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, presididas por José Domingo y Esteban Ibarra, respectivamente, ha presentado recientemente su informe del segundo semestre de 2019.

El Observatorio ha constatado un enorme incremento de los incidentes relacionados con el nacionalismo agresivo.

Según explica, “los episodios de microviolencia han seguido siendo numerosos, como en el primer semestre, pero lo más preocupante es la aparición de fenómenos organizados de guerrilla urbana, especialmente intensos durante la “Semana extrema”, del 14 al 20 de octubre, que han generado situaciones de gran peligro y que han sido la causa de cientos de heridos y muchos daños en propiedades públicas y privadas”.

El Observatorio Cívico de la Violencia Política ha contabilizado “977 incidentes de violencia política y odio ideológico” en el último semestre de 2019, cinco veces más que en el primero, “en el que fueron 187”.

Indica que el 96,22% de los incidentes han sido “provocados por partidarios de la independencia de Cataluña”, lo que representa un ligero incremento respecto al semestre anterior, en el que fueron el 91,53%”.

Los sucesos ocasionados por contrarios a la independencia suponen un 2,05%, mientras que el resto, un 1,73% son incidentes de autoría indeterminada, “recíproca (frecuentemente rifirrafes entre conductores atrapados por cortes de carretera y nacionalistas que invaden la vía) o no relacionada con la independencia”.

Según este informe, los grupos o personas contrarias a la secesión han sufrido el 28,97% de la violencia (283 incidentes), frente al 4,10% (40 sucesos) dirigidos contra los secesionistas.

Apunta que “la mitad de estas últimas agresiones (20) han sido provocadas por sectores muy radicalizados del mismo bloque ideológico independentista”.

El Observatorio destaca que un porcentaje altísimo de incidentes (el 65%, que suman 645 casos), han sido dirigidos contra “personas indeterminadas que han visto restringidos sus derechos fundamentales (libertad de tránsito viario, acceso a los puestos de trabajo o a la universidad)” como consecuencia de los actos convocados por independentistas que “han desencadenado numerosos desórdenes públicos”.

PARTIDOS POLÍTICOS

En relación con los partidos políticos, señala que el más afectado por la violencia, en sus sedes, dirigentes o militantes, mediante escraches, agresiones, pintadas, lanzamiento de excrementos, deslucimientos o daños, ha sido el Partido Socialista de Cataluña (PSC), con 33 incidentes, que representan el 33% del total de agresiones a partidos.

Indica que los ataques a las sedes del PSC en Terrassa y Esparraguera se han llevado a cabo con los militantes dentro de las instalaciones.

Por su parte, Ciudadanos ha sufrido el mayor número de agresiones físicas a sus militantes, con 25 incidentes, el 25% del cómputo.

El Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña han sido atacados en 13 ocasiones, con la peculiaridad de que en el caso de ERC doce de ellos fueron realizadas por otros partidarios de la secesión que “afeaban a esta formación su pusilanimidad en la lucha por la independencia”.

El PdCat-JxCat también ha sufrido 7 ataques de otros grupos secesionistas.

Vox ha sido atacado en 5 ocasiones y En Comú Podem (ECP) y la CUP dos veces cada uno.

También destaca que los partidos constitucionalistas han sufrido 78 ataques y los independentistas, 22.

Explica que las agresiones en el 95% de los casos las han realizado individuos de la órbita secesionista; en el 4%, antisecesionistas, y en el 1% la autoría es indeterminada.

El Observario Cívico de la Violencia Política resalta que los grupos constitucionalistas suelen ser calificados recurrentemente por sus agresores como “fascistas” y que sus instalaciones son pintadas con la cruz gamada.

El Observatorio también ha detectado 15 ataques a sedes o personas vinculadas a entidades sociales, 10 del ámbito constitucionalista, 3 del independentista y 2 del deportivo (atribuibles al sector separatista).

Según explica, la asociación de jóvenes constitucionalista ‘S’ha Acabat’ ha sido las más afectada, al igual que en el primer semestre, con 4 ataques, los mismos que ‘Societat Civil Catalana’.

En cuanto a los ataques a las instituciones (sus instalaciones, autoridades y funcionarios), informa que han pasado de 79 a 204 casos en el segundo semestre.

Los más afectados han sido las fuerzas policiales, con 72 incidentes.

Informa que muchos sucesos son “de extraordinaria gravedad”, como demuestra que durante los disturbios se han producido, entre otros, intentos de derribo de un helicóptero policial con cohetes pirotécnicos; lanzamientos de artefactos incendiarios, objetos punzantes, pirotécnicos y contundentes y de ácido a los agentes; utilización de sierras eléctricas para cortar señales de tráfico; colocación de trampas en las barricadas; intento de asalto de instalaciones públicas (comisarías, casas-cuarteles, subdelegaciones del Gobierno, incendio de una Delegación de Hacienda); quema de numerosos contenedores y elementos del mobiliario urbano y privado; “intento de linchamiento a agentes” que quedaron aislados en los tumultos; ocupación del aeropuerto de El Prat con cientos de pasajeros y empleados atrapados; intento de acceder a las pistas de la terminal 1; y actos de pillaje en establecimientos comerciales y de vandalismo en instalaciones del metro.

“Algunos hechos denotan una extraordinaria deshumanización en relación con las personas afectadas, como la profanación de tumbas de siete soldados y guardias civiles en el cementerio de Sant Andreu (Barcelona) o las mofas a un paracaidista militar accidentado”, manifiesta.

También expone que el Rey (con 19 incidentes) “ha sido objeto especial de la ira del independentismo, con “numerosos actos de escarnio de su figura, como la quema de su fotografía, ahorcamiento de su efigie, colocación de guillotinas con una corona, etc.

Asimismo, recuerda el boicot que se produjo a la entrega de los premios Princesa de Gerona en el Palacio de Congresos de Barcelona, con “agresiones y acoso a los asistentes y cortes de vías públicas para impedir el acceso”.

LOS PERIODISTAS, OBJETO DE ATAQUES A MANOS DE GRUPOS SECESIONISTAS

Este informe también arroja que los periodistas constituyen “uno de los colectivos que más ha sufrido actos de acoso, golpes, insultos, escupitajos, lanzamientos de latas, botellas, etc. en los actos convocados por las entidades separatistas (25 casos).

Otros dos casos son de autoría indeterminada.

Además, informa que los grupos independentistas han realizado campañas llamando al boicot comercial de grandes empresas, como Zara, Telefónica, La Caixa, han ocupado sucursales bancarias, y han elaborado listas negras de los hoteles en los que se hospedaban policías nacionales y guardias civiles.

“Especial objeto de inquina ha padecido la empresa de panadería de Josep Bou, concejal del PP en Barcelona. Se ha pasado de 4 incidentes en el primer semestre a 36 en el segundo”, detalla.

‘HISPANOFOBIA’

El Observatorio también ha detectado 36 casos de hispanofobia.

Destaca, por ejemplo, las propuestas de sanción a los alumnos de una clase porque algunos de ellos hablaban en castellano; la prohibición a los ‘mossos’ de emplear el castellano, salvo en conversaciones privadas; las quemas de la bandera constitucional y las agresiones a personas que la llevaban; el “acoso” en un centro de salud a una doctora que utilizó el castellano con una paciente; el “trato vejatorio” a una menor que llevaba simbología española por parte de una monitora escolar; y la “utilización de niños en la divulgación de vídeos con mensajes hispanófobos”.

9 DETENIDOS EN RELACIÓN A LA FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS

El informe también señala que en el segundo semestre de 2019 fueron detenidos 9 individuos adscritos al ámbito secesionista acusados de fabricar explosivos y planear tomar el Parlamento autonómico.

El Observatorio ha detectado cinco supuestos de enaltecimiento del terrorismo, con gritos a favor del asesinato de policías, apelaciones directas al uso de la violencia, y distribución de manuales para realizar actos violentos.

De todos los hechos expuestos en el informe, “las áreas más castigadas por la violencia política han sido la ciudad de Barcelona (333 actos que representan el 34,09% del total; el área metropolitana de Barcelona (141 actos, que alcanzan el 14,43%), y la provincia de Gerona (109 actos, que suman el 11,16%)”.

El Observatorio Cívico de la Violencia Política, concluye que la violencia descrita “no es una mera reacción esporádica, sino la exteriorización de una violencia latente durante décadas, alimentada por un discurso de odio ideológico que demoniza las instituciones judiciales y los símbolos comunes españoles y que desprecia las reglas del juego democrático”.

Señala que este discurso, “alentado desde las instituciones gobernadas por las formaciones independentistas, inculca “frustración, resentimiento y fobia a lo español y tiene el riesgo de una pradera seca en la que puede prender cualquier pequeña chispa”.

Además, manifiesta que “la práctica de ese discurso conlleva la vulneración de los derechos fundamentales de miles de personas que se ven secuestradas por los intentos de amedrentamiento que ejecutan grupos alimentados de fanatismo excluyente”.

Para impedir el progreso de la violencia, el Observatorio manifiesta que es “esencial que las instituciones eduquen en valores democráticos, respeten la diferencia, defiendan el Estado de Derecho, sean ejemplares en el ejercicio de la solidaridad, defiendan la igualdad en derechos y obligaciones sin distingos étnicos, lingüísticos y económicos, y trabajen por la convivencia y por una sociedad correctamente informada que denuncie los discursos de odio”.