Califican la sentencia de «poco edificante» desde el punto de vista de la
defensa de los valores democráticos
Las entidades que han ejercido la acción popular en el juicio de la llamada
«Operación
Panzer» han anunciado que estudian ya interponer un recurso
ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ha absuelto a
los 16 acusados de pertenecer a la organización neonazi Frente Antisistema
(FAS) al declarar nulas las escuchas telefónicas, al tiempo que han
instado a la Fiscalía a que lleve adelante por su parte un recurso de casación.
Así lo ha expresado, a través de un comunicado difundido por Movimiento
contra la Intolerancia, la Acció Popular contra la Impunitat, que se
personó en esta causa como acusación popular y formada por distintas
asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunidad
Valenciana.
El colectivo se ha referido así a la decisión de la sección cuarta de la
Audiencia Provincial de Valencia de absolver a los 16 acusados de integrar la
organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital
valenciana, al declarar nulas las intervenciones telefónicas y, con ellas, el
resto de pruebas y acciones practicadas.
La acción popular califica la sentencia de «sorpresiva y poco edificante,
desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos y los
derechos humanos». «Probablemente será muy difícil o imposible de comprender
para la ciudadanía, tras la exhibición de pruebas y armas aportadas por la
Guardia Civil en la Operación Panzer, este resultado de absolución, que
fundamenta la sala desde la ilegalidad de las escuchas telefónicas», argumenta
la entidad.
La acusación popular entiende, como ya mantuvo en el juicio, que «la
legalidad del auto emitido por el juez que autorizó las intervenciones
telefónicas de los acusados viene apoyada por abundante jurisprudencia, y
también el Oficio de la Guardia Civil al señalar una web donde se vendían armas
prohibidas, hecho que, incluso, reconoce la sentencia».
En la misma línea, estas entidades defienden que «la jurisprudencia observa
que los indicios que se exigen para una intervención telefónica son algo
más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios
racionales que se exigen para el procesamiento y que debe quedar claro que no
es necesario que se alcance el nivel de los indicios racionales de criminalidad
propios de la adopción del procesamiento».
En este sentido, recuerdan varios pronunciamientos del Constitucional que
apuntan que «la proporcionalidad supone también que el sacrificio del
derecho reporte más beneficios al interés general que desventajas o
perjuicios a otros bienes o derechos atendidos la gravedad de la injerencia y
las circunstancias personales de quien la sufre».
«Base suficiente para ir al Supremo»
En consecuencia, la acusación popular «entiende que hay base suficiente
para ir a un recurso ante el Supremo, por lo que sudepartamento jurídico ya
ha comenzado a estudiar su interposición».
Paralelamente, emplaza a la Fiscalía a presentar recurso de casación frente
a esta sentencia, «en congruencia con su propia acusación que ha mantenido
durante todos estos años, garantizando así, el que por encima del
riesgo de quebranto económico que pudiera suponer un recurso de casación,
ante numerosas partes, asumido exclusivamente por las organizaciones no
lucrativas que sostienen la Acusación Popular, la Fiscalía cumple con su misión
de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».
Finalmente, Acció Popular contra la Impunitat advierte «del peligroso
ambiente de euforia de los grupos neonazis en las redes sociales e
internet tras el conocimiento de la absolución de los encausados».
EU reclama al CGPJ una investigación
Asimismo, el diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, ha
exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que abra una «investigación
seria y coherente sobre los hechos producidos, porque es muy grave».
«Y nos parece sumamente sospechoso que varias tramas fascistas investigadas
por la policía y después de instruirse los casos, salgan absueltas en
la Audiencia Provincial de Valencia de manera sistemática», afirma el
parlamentario en un comunicado.
Sixto subraya que la absolución de los acusados del caso Panzer ha llegado
después de que haya tardado muchos años en producirse la vista oral en este
juicio. El representante de EU asevera que «durante la instrucción se
destruyeron pruebas de la acusación, en concreto las armas que se
incautaron de estos individuos. Se han producido hechos graves y muy
sospechosos que han acabado con esta absolución de los acusados, la cual se
produce, además, por la misma sección de la Audiencia Provincial de
Valencia que ya absolvió a otra trama fascista hace años».
Por ello, Esquerra Unida considera que tiene que ser el CGPJ «quien tome
cartas en este asunto, e investigue hasta el fondo esta situación».