A
principios de julio de 2021, entidades LGTBIQ+ de todo el país se concentró en
cientos de localidades horrorizadas ante el asesinato del joven Samuel
Luiz, en A Coruña, en un delito que no dudamos de calificar de odio.
Pocos imaginaban que ese deleznable acto de violencia sería el inicio de
una sucesión de agresiones y violencias a personas LGTBIQ que hemos
conocido durante estos meses (a las que habría que sumar las agresiones
que no se han denunciado o que habiéndolo sido, las víctimas no han querido
darle difusión.
Este
incremento obedece a diversos factores, donde la polarización política y social
no es ajena. Además, la legitimación de la LGTBIQA-fobia desde medios de
comunicación, partidos, confesiones religiosas y grupos sociales
organizados, amparados en el derecho constitucional de la libertad de
expresión, también ha jugado un papel importante.
Las
personas LGTBIQA de nuestro país estamos viviendo con verdadera angustia esta
escalada de violencia hacia nuestras personas y nuestras familias.
Porque,
además, las personas LGTBIQA y nuestras familias no observamos que estas
agresiones tengan una respuesta contundente por parte de los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ni por parte de los operadores jurídicos,
como pudimos observar en la titubeante investigación del asesinato de
Samuel Luiz y comprobamos cada día en los juzgados, donde las fiscalías
tienden a rechazar las denuncias por delitos de odio. Y en aquellas escasas que
son así calificadas por las fiscalías, aún menos son sancionadas por
parte de jueces y magistrados.
Este
sentimiento de desprotección impide a las personas LGTBIQA+ y sus familias el
ejercicio de los derechos humanos y constitucionales: con terror no hay
libertad.
No
queremos dejar de mostrar el apoyo y solidaridad de todas las entidades que
suscribimos este Manifiesto a las víctimas y sus familias, que necesitan
apoyo y acompañamiento para superar los traumas que producen este tipo de
violencias.
Por todo ello, nuevamente las entidades LGTBIQA+ y de Derechos Humanos nos manifestamos este verano para exigir a las distintas Administraciones Públicas, Partidos Políticos, Operadores Jurídicos, Medios de Comunicación:
o Asumir que la violencia hacia las personas LGTBIQ+ y
sus familias es estructural en nuestro país, y que las agresiones y
atentados están provocando el terror entre las mismas y, por
consecuencia, está suponiendo el recorte real en el ejercicio de sus derechos
fundamentales.
o Que los Partidos Políticos renuncien a una torticera
estrategia de “ideologización” de los derechos humanos como los que
afectan a las personas LGTBIQ+ y sus familias, acelerando la aprobación
de leyes, reglamentos y normas para su protección efectiva.
o Un especial esfuerzo a los operadores jurídicos para
comprender la figura del delito de odio, extraña a nuestro sistema
jurídico tradicional, que está llevando a su omisión por parte de los
mismos.
o Que los medios de comunicación no den cobertura, por
interés ideológico o económico, a aquellas personas y organizaciones que
hacen apología de la violencia hacia las personas LGTBI+ y sus familias,
amparándose en un falso derecho a la libertad de expresión. Si fue
posible su aplicación ante la violencia etarra debe serlo también ante la
violencia LGTBIfóbica.
Se suman las entidades:
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