La policía dará protección integral a las víctimas menores y discapacitadas
elpais.com. El Ministerio del Interior está decidido a identificar y perseguir
cualquier tipo de delito de odio,
que son aquellos consistentes en ataques, amenazas o insultos contra cualquier
persona simplemente por el hecho de tener una determinada creencia, identidad
sexual, origen étnico y estatus social. El ministerio ha elaborado un nuevo
protocolo de actuación policial, que entre otras cosas señala los indicios que
los agentes deben hacer constar en sus atestados, cómo tendrán que contactar
“directamente” con el fiscal especial para estos asuntos y cómo habrán de dar
protección integral a las víctimas.
El año 2013, las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de 1.172 delitos de
odio. La mayoría de ellos (452) tuvieron que ver con la orientación
sexual de la víctima. El segundo lugar lo ocuparon los incidentes de racismo y
la xenofobia, cuyas agresiones ascendieron a 381 casos. La discapacidad acapara
el tercer puesto con 290 delitos. Muy por detrás quedan los incidentes
derivados de creencias religiosas, aporofobia (odio al pobre) y el
antisemitismo.
El protocolo elaborado por Interior
establece el conjunto de indicios que deben recopilar e incorporar al atestado
policial, con el fin de dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios
racionales de criminalidad que permitan formular cargos de imputación y, en su
caso, condenas. La concurrencia de uno o varios de esos factores será
suficiente para orientar la investigación con el fin de desvelar la existencia
de una motivación racista, xenófoba o de otra naturaleza en el delito cometido.
Cuando la policía tenga conocimiento de cualquier hecho que pudiera estar
relacionado con los delitos de odio, “informará directamente” al fiscal
especial para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de su
provincia y le facilitará toda la información relacionada con hechos de este
tipo, según señalan fuentes de Interior.
Los investigadores deberán tener en cuenta los perjuicios causados a la
víctima, el riesgo de reiteración del delito, así como la situación personal
(edad, sexo, posible discapacidad) a fin de determinar sus necesidades
especiales de protección. Al mismo tiempo, la orden establece que se respetarán
plenamente su integridad física, psíquica y moral, seguridad, libertad e
indemnidad sexual, intimidad y dignidad y la de sus familiares. En el caso de
tratarse de víctimas con discapacidad, especialmente vulnerables, o menores de
edad, las autoridades adoptarán, además, las medidas que resulten necesarias
para evitarles mayores perjuicios.
El protocolo hace hincapié en los ataques e insultos que puedan producirse
mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, consistentes
generalmente en la difusión de mensajes antisemitas, xenófobos, homófonos,
racistas e intolerantes.
La violencia en el deporte ocupa
otro apartado de las instrucciones que recibirán los policías y guardias
civiles. Antes de la celebración de espectáculos deportivos, estos tendrán que
hacer un análisis de los mensajes que se difundan por cualquier medio incitando
a la violencia, el odio y la discriminación. También habrán de investigar los
insultos y difamaciones públicas que se produzcan en estos acontecimientos
contra personas por su etnia, lengua, religión, nacionalidad u origen nacional.
La nueva normativa contempla la creación de la figura del “interlocutor
social”, que será un agente cuya misión será “mantener estrechos contactos con
los representantes de la sociedad civil”, además de servir de cauce de
comunicación de las inquietudes que las diferentes ONG le puedan presentar.
Por otra parte, Interior se compromete a fomentar reuniones periódicas con
las diferentes asociaciones representativas de los colectivos que puedan ser
víctimas de delitos de odio (gais y lesbianas, inmigrantes, discapacitados,
marginados, etcétera).
El Ministerio del Interior pretende establecer dentro del Sistema
Estadístico de Criminalidad (SEC) unos parámetros que recojan mejor los datos
sobre víctimas, delitos y autores de los mismos. Quiere que los agentes presten
“especial cuidado en su cumplimentación”, haciendo constar con claridad si se
trata de un ataque de tipo racista o xenófobo, si está relacionado con la
orientación sexual, las creencias religiosas o la discapacidad o el estado de
marginación de la víctima.
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