Los criminales hechos acaecidos en Madrid han impactado en toda España señalando algo que no se ha querido ver hasta ahora. Dos asesinatos, varios apuñalamientos, sucesos que son continuidad de otros asesinatos en otras ciudades en España, amputaciones de parte del cuerpo a machetazos, venganzas mortales, muchos por los mismos o similares grupos como protagonistas desde hace años. Hay quienes centran el debate en el nominalismo de su significación, que si son “bandas latinas” o “bandas juveniles”, y que la denominación estigmatiza a inmigrantes o jóvenes, pero esto no es el meollo de la cuestión, aunque desde luego no se debe cometer el error de caer en la xenofobia hacia la inmigración o en la criminalización de los jóvenes. Esto es otra cosa. Estamos ante un detritus criminal, donde los grupos o bandas urbanas violentas se han configurado durante mucho tiempo y ni las instituciones, ni el conjunto de la sociedad ha sabido o querido reaccionar.
Existe un problema de Grupos o Bandas Urbanas Violentas de diversa naturaleza, sean de matriz neoyorquina o de puro mestizaje, miméticos de casablanca o balcánicos, de los bajos de moncloa o del bronx, barras bravas o ultras del fútbol, de características ideológicas o de fanatismo sectario. Da igual, hay globalización de comportamientos, tienen asumida una violencia que configura su existencia, se extiende por el país y ninguna comunidad autónoma está exenta del problema, se denominen como se quiera. Son muy jerarquizados, violentos y con disciplina férrea; unos aprenden de otros, tienen prácticas aberrantes de poder territorial o espacial, cometen delitos comunes, sexistas y de odio. Sus consecuencias no solo producen víctimas, hostigan al entorno, amenazan y aterrorizan al conjunto de la sociedad. Lo importante no es su origen sino su existencia y lo que lo hace posible y lo nutre.
En el 2000 los sobresaltos por crímenes de estas bandas vinieron uno tras otro; antes fueron grupos ultras del futbol y en otros momentos grupos musicales e ideológicos. Es una constante de subcultura y socialización en la violencia que amenaza a los jóvenes y a la sociedad. El Tribunal Supremo declaró asociación ilícita a Hamer Skin y Blood and Honnour en esos años; posteriormente, en diciembre de 2013 declaró ilegal a la banda DDP (Dominican Don´t Play), ilegalidad que entorno a 2014 también alcanzó a Trinitarios, Latin King y Ñetas. Sin embargo, siguen siendo una realidad delincuencial como muestra la persistencia de su presencia y sus crímenes. Llegaron más grupos violentos o peligrosos e informa la Delegación de Gobierno que tienen detectados más de 600 en todo el país. No sabemos a ciencia cierta su alcance y capilarización urbana pero es todo un síntoma de gran fracaso de socialización y convivencia.
Reclutan en barrios, parques, centros escolares, en el hervidero de las redes sociales, construyen relatos de justificación, entrenan, manejan armas, los jefes, los “suprema” son talluditos, manipulan adolescentes y jóvenes en sus “capítulos o coros”, soldaditos hacia la obediencia ciega que justifican por su hermandad pero imponen y someten, destruyen como traidor al que abandona, aprovechan para la extorsión y narcotráfico, se detectan mensajes homófobos y de odio, violaciones en grupo, consumen música muy agresiva y degradante, dañan la integridad física, síquica y… matan. Esto no es el asociacionismo que protege nuestra Constitución y por el que tanto hemos luchado para la convivencia democrática, este es una asociacionismo ilícito mencionado en el 515 del Código Penal u organización criminal tipificada en el 570 bis, en los que solo por pertenecer a estos grupos ya se comete delito y no digamos por quienes los crean, dirigen estructuran o conducen. Que los jueces evalúen.
No se debe minimizar la tenencia ilícita de armas cuya “posesión dinámica”, conforme criterio de Fiscalía sobre riesgo de uso, añade un plus que se debería tener presente en operaciones preventivas como ya se hicieron hace años con las denominadas Luna y Búho, donde se incautaron miles de navajas, machetes y otras armas blancas que circulaban en la noche madrileña, con identificaciones y sanciones a los portadores de las mismas. No se entiende que aun se pueda adquirir libremente tanta arma prohibida en establecimientos u otros lugares, abiertos incluso a menores de edad. Veremos la eficacia de la actual respuesta de choque necesaria de estos días, en un contexto infernal de redes sociales donde la información entre violentos circula a alta velocidad.
Mientras tanto, se puede observar un importante déficit de investigación policial especializada al respecto, radicado en los insuficientes efectivos para acometer tamaña tarea. También se constata que las resoluciones judiciales de ilegalidad de estos grupos no tienen gran consecuencia pues sus organizadores deberían estar en prisión según nuestro Código Penal y no sucede así. En el caso de crímenes salvajes cometido a veces por menores, inducidos por sus jefes mayores, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor con una respuesta que el delincuente y su banda interpretan de escasa sanción efectiva, genera una potencialidad para que muchos de esos delitos sean cometidos por jóvenes menores de 18 años. Y no digamos cuando buscan reclutar a menores de 14 por su inimputabilidad y docilidad.
Familias superadas y profesorado, también cada vez que les llega un caso. Claro que hay que recuperar a nuestros jóvenes de esos grupos enajenantes pero nada ayuda la inexistencia de una Política de Juventud para la Prevención y deslegitimación de la violencia, que se debe de realizar tanto en el ámbito educativo, en los medios de comunicación y sobre todo hora en las Redes sociales e internet, donde muchos adolescentes y jóvenes se socializan en dinámicas de violencia y comportamientos aberrantes de poder y relación humillante, incluidas las sexistas. Esto no se soluciona con el simple discurso banalizador de raíz rousoniana del “buenismo juvenilista”; estamos ante un problema muy profundo desde donde se alimenta el odio, la dominación y la violencia. Si no hay Plan estatal de alcance estratégico no solo seguiremos en el fracaso, el escenario se intensificará y agravará.
Estos grupos o bandas son ilegales, sus acciones son ilícitos penales y su realidad debe de ser erradicada, estos jóvenes deben ser recuperados pero eso es imposible mientras existan estructuras que dominan y dirijan, se beneficien, jefes que manden desde la cárcel u otro país, aprovechen las grietas legales y también, la dormidera social o indiferencia de instituciones y sociedad en su conjunto. No solo debemos improvisar reacciones a golpe de asesinato, de lo contrario esto persistirá corriendo el riesgo del desarrollo y extensión de conflicto entre ellos, que en su derivada creciente afectará al conjunto de los jóvenes, a la sociedad y a la convivencia cívica, tanto del presente como del futuro.
Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia
Sº Gral. del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio
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