lunes, 4 de mayo de 2015

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia: «El odio ideológico y el odio religioso se van a disparar en los próximos años»


  • Este intelectual asegura que Internet es "un factor multiplicador" y pide que se cree una ley integral contra este tipo de delitos


VIDAL ARRANZ. ELNORTEDECASTILLA.ES- Esteban Ibarra es una referencia intelectual y ética en la defensa de la dignidad de la vida humana, lo que le ha granjeado un sin número de enemigos dispuestos a hacerle la vida imposible. En cierto modo, y salvando las distancias, es una víctima más de esos crímenes de odio a los que se opone desde hace más de 20 años desde su organización: Movimiento contra la Intolerancia. Y como tal se aplica a sí la misma medicina que receta a los demás: denunciar siempre las agresiones, no resignarse, no ceder a la tentación de la fatalidad. "Las víctimas no deben aceptar de forma sumisa que se las agreda por ser diferentes. Hemos trabajado mucho para lograr las libertades democráticas que disfrutamos y nadie tiene derecho a conculcarlas".

Ibarra se desplazó ayer a Valladolid para participar en el foro cívico ?Los derechos humanos ante la discriminación y los delitos de odio?, que se celebró durante todo el día en la Facultad de Educación y Trabajo Social. El lugar no fue elegido al azar. Y es que la educación es la gran apuesta de la organización que preside.

"Hay que educar para prevenir. Una sociedad fuerte en derechos humanos está más capacitada para enfrentarse a las minorías intolerantes que puedan crecer en su interior". Educar para formar individuos capaces de apreciar el valor intrínseco de la dignidad del ser humano. Pero también enseñar a detectar los signos que alertan de la existencia de un problema. "Los grupos extremistas manejan códigos propios, que van desde el uso de ciertos símbolos a la vestimenta. Códigos que no siempre son evidentes. En ocasiones he ido a colegios que estaban plagados de pintadas neonazis y los profesores no se habían dado cuenta. Creían que eran grafitis. Se estaban riendo de ellos a la cara".

El concepto de crimen de odio está asociado a la existencia de un delito penal. Normalmente, agresiones, aunque también se han dado casos de asesinato. "Los datos del Ministerio de Interior estiman que se producen 1.200 delitos de odio al año. Nosotros creemos que la cifra real se acerca más bien a los 4.000, porque muchas agresiones no se denuncian". Según los datos oficiales, el grupo más golpeado es el colectivo homosexual, pero Ibarra cree que eso es solo porque denuncian más, aunque también existe un elevado porcentaje de ocultamiento. "La mayoría de las víctimas son inmigrantes, pero solo acuden a la policía en uno de cada diez casos", explica. El tercer colectivo en sufrir agresiones son los discapacitados, y luego las personas sin techo, lo que encaja con el perfil de las organizaciones que las provocan. "Son de extrema derecha y neonazis, y están convencidos de que todas estas personas son una carga inútil para la sociedad".

El problema está ahí y todo apunta a que crecerá gracias a Internet "que es un gran factor multiplicador". De hecho, Ibarra apuesta a que "el odio religioso y el odio ideológico se van a disparar" durante los próximos años. "Todo el mundo habla de la tolerancia, pero se practica poco y mal. Vivimos en un mundo yoista, muy centrado en el yo de las personas ?mi identidad, mi discurso, mi mundo? que convive con una realidad globalizada que nos brinda conocimientos superficiales de otras religiones o culturas, lo que facilita la incomprensión y el estereotipo".

Con todo, Ibarra es hoy un hombre optimista. Cree que bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, se ha producido un avance espectacular en el abordaje legal de este problema. "Solo soy un notario de la realidad", advierte, ante el gesto de sorpresa del periodista. Y lo explica: "Este Gobierno ha creado el primer registro de delitos de odio; ha aprobado por primera vez protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para perseguir a los violentos y proteger a las víctimas; ha creado 52 fiscalías especializadas; ha impulsado la constitución del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, una institución pionera en Europa; y ha reformado el Código Penal incluyendo el delito de incitación al odio, un avance fundamental para poder perseguir el racismo en internet. Y todo ello se ha conseguido en los dos últimos años", explica el líder de Movimiento contra la Intolerancia. "Todo esto debería culminar en una Ley Integral contra los Delitos de Odio. Queremos que en esta materia se haga política de Estado, no política de partido".

Ibarra defiende el concepto moderno de tolerancia auspiciado por la Unesco en 1995 que no se limita a demandar respeto para el diferente, sino también aceptación y aprecio, como expresión del valor de la diversidad humana. "La tolerancia es el aceite de la democracia. Pero no vale solo predicarla; hay que practicarla. El problema de la intolerancia es que tiene muchas caras y no es fácil luchar a la vez contra todas e
llas".

El discurso del odio aprovecha la red

ESPERANZA CODINA. ELPAIS.COM- Hay varios motivos que sustentan la proliferación en las redes sociales y otros soportes de internet de los llamados delitos de odio, que engloban los ataques, amenazas o insultos por motivo de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación de pobreza o diferencia ideológica. La sensación de anonimato e impunidad que tiene el agresor (algo que en realidad no es cierto) y la facilidad con la que puede difundir su mensaje y hacerlo llegar a miles de personas son dos de ellos. La inmediatez, a su vez, provoca falta de control sobre ese discurso ofensivo. “Se hace sin reflexionar”, explica Mayte Verdugo, responsable en la Fiscalía de Málaga de perseguir estas infracciones desde 2011, la primera en Andalucía encomendada a esta tarea.
El primer caso que investigó, que está pendiente de juicio, fue por una supuesta incitación al odio hacia las personas de etnia gitana. “Los gitanos son una raza semihumana que se caracteriza por robar y por drogarse”, se leía en una página web creada en Málaga por un particular, hechos denunciados por la Fundación Secretariado Gitano. Este delito está sancionado en el Código Penal con entre uno y tres años de cárcel.
Entre los casos más recientes de discursos supuestamente ofensivos están los comentarios en Twitter mofándose de las víctimas del accidente aéreo de Germanwings por ser catalanes, remitidos a la Fiscalía de Barcelona y con posibles investigaciones en Málaga, Sevilla, Cádiz, Toledo y Alicante porque de estos puntos geográficos procederían sus autores, y la reciente detención de los cuatro componentes de un grupo de música por presuntamente incitar al odio y a la violencia en sus interpretaciones contra las personas con discapacidad.
La denegación de determinados servicios por la orientación e identidad sexualo por motivos xenófobos también se considera un delito de odio. La fiscal malagueña tiene sobre la mesa el caso de una chica transexual a la que supuestamente se le prohibió la entrada en un bar y el de un funcionario que habría obstaculizado reiteradamente la atención a inmigrantes que pretendían acceder a un servicio público.
La investigación de estas infracciones penales se topa con muchos inconvenientes y no es sencilla. Se trata de víctimas muy vulnerables que en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar, por eso se trabaja estrechamente con colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden sus derechos. Las cifras sumergidas en este ámbito son altísimas, hasta el punto de que algunas estadísticas reflejan que un 86% de los casos no se denuncian.
Otra complicación es que no solo hay que demostrar el hecho, sino su motivación. Es decir, que se ha agredido a una persona por ser homosexual o por tratarse de un inmigrante. En el caso de los mensajes que pueden insultar o incitar al odio, el derecho a la libertad de expresión puede “colisionar” con la protección a la igualdad y la integridad moral de los afectados, explica Verdugo.
El pionero en los trabajos de visualización de los delitos de odio en España fue el fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar. La especialización se extendió en 2013 y desde entonces funciona una red con un fiscal dedicado a estos asuntos en cada provincia. Su nombre técnico es el de tutela penal de la Igualdad y contra la Discriminación y se buscan prácticas comunes en todo el entorno europeo. La lucha contra los delitos de odio avanza poco a poco y existe un protocolo de actuación para formar a los cuerpos policiales y fomentar su sensibilidad en el tratamiento de las víctimas.
El Ministerio del Interior realiza desde 2013 un informe sobre estos delitos con el objetivo de mejorar su identificación e investigación. En España hubo en 2014 un total 1.285 incidentes conocidos (el año anterior fueron 1.172), de los que 297 se produjeron en Andalucía. Fue la comunidad más afectada y las provincias de Cádiz (132) y Sevilla (80) se situaron en los puestos de salida a nivel nacional.
La fiscal Verdugo no cree que ahora existan más casos, sino que están aflorando. Valora el trabajo que se ha empezado a hacer y apuesta por aumentar la sensibilidad de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y policía), llegar mejor a las víctimas y concienciar a toda la sociedad de la necesidad de denunciar estas prácticas. Transmite otro mensaje a los ciudadanos: “no todo lo malo es delito”. Es decir, hay conductas que pueden ser deplorables, pero no tienen castigo penal.

martes, 28 de abril de 2015

España reconocerá por primera vez a los españoles presos en campos nazis


ELDIARIO.ES- La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a reconocer como "héroes de la lucha por la libertad" a los españoles --principalmente republicanos que emigraron como consecuencia de la Guerra Civil-- que fueron hechos prisioneros por los nazis y estuvieron en campos de concentración como el de Mauthausen, de cuya liberación se cumplen 70 años el próximo día 5 de mayo.
En concreto, la iniciativa aprobada emplaza al Gobierno a convocar un "solemne acto de homenaje, personal y colectivo" a los españoles que sufrieron la reclusión a manos de los nazis, que sirva como "reconocimiento y reparación moral", y ensalce "su legado de dignidad y de valentía" y "su innegable condición de héroes de la lucha por la libertad y las víctimas del totalitarismo". Un reconocimiento por el que llevan años luchando las asociaciones por la memoria histórica.
En ese evento debería entregarse a los supervivientes una condecoración oficial que acuerde concederles con anterioridad el Consejo de Ministros. El Congreso llama así al Ejecutivo a hacer lo mismo que hizo el pasado mes de marzo el Gobierno francés, que concedió la Legión de Honor a los ciudadanos de nacionalidad española que siguen vivos y fueron recluidos en Mauthausen
Los socialistas explican en su texto que el campo de Mauthausen estaba dividido en cuatro subcampos, uno de los cuales, el de Gussen, es popularmente conocido como 'el campo de los españoles' por la notable presencia de los mismos entre sus prisioneros, ya que se calcula que por allí pasaron más de la mitad de los casi 10.000 españoles que fueron enviados a campos de exterminio.

Franco no les reconocía como españoles

En concreto, entre 1940 y 1945, hubo en el campo cercano a Linz  7.532 hombres, mujeres y niños españoles, de los que fallecieron unos 5.500 como consecuencia, la mayor parte, de los trabajos forzados en régimen de esclavitud, las deplorables condiciones sanitarias, las enfermedades, el hambre, pero también algunos fueron fusilados, gaseados, apaleados y ahorcados.
En un primer momento, estos españoles eran parte de los 9.000 republicanos deportados que habían cruzado a Francia en los últimos meses de la Guerra Civil, luego formaron parte del Ejército francés y llegaron a Mauthausen tras haber pasado por algunos campos de prisioneros de guerra. Después, sobre todo desde 1943, fueron apresados por su participación en la Resistencia francesa y hubo un tercer grupo, integrado por civiles en el que había mujeres y niños, procedentes de los campos de refugiados del Sur de Francia.
Todos ellos, según relata el PSOE, acabaron en Mauthausen por decisión de las autoridades nazis, españolas y del Gobierno de Vichy de "exterminarles, dejando de considerarles prisioneros de guerra y pasando a ser considerados apátridas".

"Los españoles antifascistas os saludan"

"Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras", rezaba la pancarta con la que los supervivientes españoles recibieron a los soldados que liberaron el campo. De allí salieron 2.335 españoles vivos de los que hoy sólo sobreviven unos 25.
Estos compatriotas fueron los únicos supervivientes del campo que no fueron recibidos como héroes en su país, habida cuenta de que en España gobernaba Franco, pero sí han tenido reconocimientos en otros países europeos, como Francia, donde reside la mayoría y cuyo gobierno les concedió la nacionalidad y el pasado mes de marzo aprobó concederle la Legión de Honor a los que continúan con vida.
El PSOE recuerda que el primer homenaje oficial que recibió este grupo de españoles fue en 2005 cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó a Mauthausen y visitó el monumento que recuerda a los 5.000 que murieron entre sus muros.
A su juicio es "inexcusable" que una década después, con motivo de los 70 años de la liberación del campo, se produzca un reconocimiento específico de este colectivo que sirva, además, "para mantener viva la memoria de aquellos deportados luchadores por la libertad".

Mañana, debate en el pleno

Y el recuerdo a los presos españoles de los nazis estará presente también en el Pleno del Congreso de este miércoles, cuando ERC reclame al Gobierno, a través de una interpelación, que aproveche este aniversario para "cerrar oprobios y reparar de forma definitiva a las víctimas" españolas que fueron asesinadas por los nazis en distintos campos.
En el texto de su iniciativa, que dará lugar a una moción que se votará ya en plena campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo, los independentistas catalanes exigen que el Estado español pida perdón a este colectivo, "dilucide sus responsabilidades" por las penurias a las que fue sometido y repare las consecuencias derivadas del exilio republicano.

lunes, 27 de abril de 2015

Islamofobia: lugares comunes


ÁNGELES RAMÍREZ. DIAGONALPERIODICO.NET- Del mismo modo que el machismo no consiste sólo en los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o que el racismo contemporáneo no se define únicamente por los ataques contra las minorías, la Islamofobia no se reduce a la violencia contra las mezquitas o las personas musulmanas.
 Recurriendo a una antigua analogía: sólo los nazis llevaron a cabo el exterminio de la población judía en Europa, pero la idea de que era una raza extranjera, corrupta, que se aprovechaba de los alemanes y que merecía la exclusión, era ampliamente compartida por la población alemana de la época. Lo segundo fue condición de lo primero. En el caso del islam, sólo unos cuantos derechistas liderarían en la calle la oposición violenta a la apertura de una mezquita, por ejemplo. Pero los presupuestos de tal acción son los estereotipos sobre el islam: su relación con la violencia, el potencial fanatismo de los musulmanes y la falta de derechos de las mujeres, principios que son asumidos por la mayor parte de la gente, independientemente de su signo político. Todo esto es la islamofobia, entendida como racismo contra las personas musulmanas. 
La derecha y la extrema derecha suelen encabezar el discurso público islamófobo, arrastrando a la izquierda, que teme una pérdida de votos si el electorado percibe tibieza ante una cuestión, el islam, que la propaganda mediática ha convertido cada vez más en el verdadero fantasma que recorre Europa. Hay cuatro lugares comunes que constituyen la base de la islamofobia. Este texto es un argumentario para rebatirlos.
1. “Los musulmanes son…”. La población musulmana es de alrededor de 1.570 millones de personas (Pew Research, 2009), distribuida en 200 países y, al igual que la considerada cristiana, enormemente heterogénea desde el punto de vista étnico –tan sólo el 20% es árabe– y nacional. Internamente, existe una más que considerable variedad, no sólo la gran división entre sunníes y chiíes, sino otras tantas que responden a tradiciones religiosas, doctrinales, jurisprudenciales y culturales diversas, como podría ser las que diferencian el islam tunecino –10 millones de personas– del chino –20 millones–. Por tanto, la heterogeneidad de los musulmanes reales choca y anula los reduccionismos islamófobos, que pretenden que toda la población musulmana comparte una serie de características negativas. En suma, el objeto de la islamofobia es bastante poco definido, dada la heterogeneidad del ser musulmán o musulmana. Esto ya sería un argumento para invalidar sus bases.
2. “El islam conduce a la violencia. Los musulmanes siguen ciegamente los preceptos religiosos”. Después del atentado contra Charlie Hebdo, sólo el alcalde de Badalona se refirió abiertamente a la supuesta capacidad de matar de la religión musulmana, pero mucha gente comparte la opinión de que el islam es belicoso. Ésta es una idea sin fundamento. El Corán y los otros textos sagrados son amplios códigos éticos que pueden mover a la hermandad o a todo lo contrario, según sean leídos. Puede ayudar a entenderlo la analogía con la Biblia, donde hay llamamientos a la violencia en muchas ocasiones, pero difícilmente se admitiría que el cristianismo es intrínsecamente violento. 
Por otra parte, la idea de que el Corán es fundamental en las vidas de musulmanes y musulmanas tiene su origen en la ocupación colonial y en la propia industria científica orientalista. La idea de un musulmán fanático, apegado a sus costumbres atávicas, alimentó las fantasías coloniales y la dominación: se luchaba contra un monstruo al que había que domesticar. Esto es racismo. Pero la relación de musulmanes y musulmanas con la religión es diversa, justamente por la heterogeneidad de ­interpretaciones y tradiciones, sin olvidar que muchas personas contabilizadas como musulmanas ni siquiera son religiosas. 
3. “El islam va contra los derechos de las mujeres”. Las fuentes doctrinales musulmanas contienen afirmaciones susceptibles de ser interpretadas y utilizadas para oprimir a las mujeres. Esto no es una especificidad del islam: lo mismo ocurre en la Biblia y en la tradición dominante de los Padres de la iglesia, fuertemente misógina y patriarcal. En muchos países musulmanes el islam es esgrimido e instrumentalizado para legislar en contra de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres –poligamia, repudio o normas vestimentarias–. No casualmente estos países tienen fuertes déficits democráticos y de derechos civiles, que es donde reside en parte el problema. Otras dictaduras no musulmanas, como la fascista con Franco, también incorporaron la religión como base de legitimación política y de un modelo de feminidad con consecuencias jurídicas. En Irlanda y Nicaragua está prohibido el aborto por el poder de la Iglesia. Por otra parte, países como Tailandia o Méxi­co ni siquiera necesitan una religión para mantener un clima de violencia y acoso contra las mujeres. 
En suma, el islam no genera los sistemas patriarcales, sino que les aporta un lenguaje específico y un modo de legitimación, como ocurre con otras religiones y/o ideologías de género en sociedades y Estados no musulmanes. 
4. “Las mujeres musulmanas son obligadas a ponerse el pañuelo y, por tanto, en Europa hay que prohibirlo para que puedan ser liberadas de esa opresión”. Es frecuente que ­militantes de izquierdas y feministas aboguen por la prohibición de la vestimenta islámica en Europa –reproduciendo de forma inversa las prohibiciones que critican como opresivas– aduciendo que es un modo de liberar a las mujeres musulmanas. Lo curioso es que desde posturas progresistas se termina asumiendo que el Estado ordene cómo se han de vestir las mujeres, pretendiendo ‘emanciparlas’ quitándoles los derechos ciudadanos. El hecho de no compartir la base religiosa o social  que lleva a las mujeres a adoptar el pañuelo no es un argumento para legitimar que el Estado lo prohíba. El porte del pañuelo o del niqab no es delito y no aumenta las posibilidades de pertenecer a redes terroristas. Con la criminalización de la vestimenta, se estigmatiza a las mujeres que la llevan, casi siempre de origen obrero e inmigrante. En no pocas ocasiones, la estigmatización se plasma en problemas jurídicos graves.
En definitiva, la islamofobia no es más que un racismo contemporáneo, con una fuerte componente clasista y sexista, legitimado socialmente porque está blanqueado por el discurso de la lucha por los derechos de las mujeres, por el laicismo y contra el terrorismo. Rebatamos sus argumentos, acabemos con el “soy islamófobo… ¿y qué?” del que hablaba Brigitte Vasallo en éstas mismas páginas. Quebremos de una vez por todas su impunidad.


jueves, 23 de abril de 2015

Sevilla 1937: mano de obra esclava para canalizar las aguas fecales de la alta burguesía


MARIA SERRANO. DIARIOANDALUCES.ES- Hay aún lugares de la memoria sin ubicar en el mapa, como los desconocidos campos de concentración franquistas. Hoy día no queda apenas rastro ni marca de uno de los primeros que se construyeron en la ciudad de Sevilla, en 1937, y que se conoce como El Colector, donde llegaron a concentrarse más de 900 presos del régimen. Elegidos a dedo, obligados a trabajar largas horas como mano de obra esclava y durmiendo en barracones de malísimas condiciones, estos republicanos dedicaron largas horas de condena a la construcción de una complicada tubería que traspasara las aguas residuales del recién creado barrio de Heliópolis al otro lado de la Dársena del Río Guadalquivir, a partir de una orden municipal en plena guerra civil.

UN CONCURSO MUNICIPAL

Cecilio Gordillo, representante del grupo de Memoria Histórica de CGT Andalucía, rememora cómo aquella obra fue puesta en marcha por el mismísimo Ayuntamiento de Sevilla. “El alcalde Ramón de Carranza plantea una problemática que hay en el barrio de Heliópolis, que se crea durante la exposición universal de 1929, y es que todas las aguas residuales de esta zona vertían directamente a la dársena de este río, lo que convertía en un problema de salud muy grande para este nuevo barrio donde vivía la alta burguesía y los dirigentes del nuevo orden”, aclara. La empresa ganadora de este concurso fue Entrecanales y Távora, cuya parcela fue vendida posteriormente a Acciona.

La superposición de distintos mapas de la época con la actual posición ha permitido dar a conocer la ubicación exacta del campo, en el antiguo cauce del río Guadaíra, al lado del margen izquierdo de la Corta de Tablada, junto a la zona del Quinto Centenario.

Esta compañía sevillana, con instalaciones en el Puerto, habla con el alcalde de la ciudad para comunicarle que no encuentran suficiente mano de obra para iniciar la obra, por lo que Carranza decide acudir hasta las prisiones más cercanas para elegir a dedo a los trabajadores restantes.

Gordillo apunta que los jefes de obra se acercaban a las prisiones a la búsqueda de carpinteros, albañiles, encofradores… “Ninguno de ellos era libre de elegir su destino, aunque siempre preferían optar por la redención de penas por trabajo que quedar largos años encerrados en una celda”. El campo estaba listo para recibir a presos cinco meses antes de la aprobación de la orden del Ayuntamiento, que regulaba la apropiación de mano de obra barata por parte de empresas privadas.

Este fue el método de selección de los primeros 250 trabajadores del campo de El Colector. El estudio realizado por el grupo de Memoria Histórica de la CGT apunta que “esa cantidad de presos llegó a triplicarse durante el tiempo que permaneció utilizándose el campo. Incluso la procedencia de estos presos fue variando. Si en principio eran del área más cercana, con el tiempo fueron llegando de Cataluña, Aragón, Galicia y Valencia”. A pesar de que la actividad del campo comenzó el 7 de julio de 1937, la conocida “redención de penas por el trabajo” no fue aprobada por el gobierno franquista hasta octubre de 1938, siendo el ayuntamiento de Sevilla, con la mano de Queipo de Llano de por medio, uno de los primeros beneficiarios en estas prácticas con los presos del régimen.


La ubicación del campo siempre estaba muy cercana a la zona de barracones en la que vivían los presos, en una situación de semiesclavitud. “Hacinados en literas, sin apenas espacio, vivían en una especie de fuerte que se encontraba a escasos metros de la obra que estaban realizando muy cerca del río”, apunta Gordillo. Hoy aquella zona ha sido reconvertida en un parque municipal y en los años 70, las escombreras de aquella gran obra sirvió de escondite al mismísimo Lute para ocultarse de las autoridades tras su fuga del Penal del Puerto de Santa María.

BAJO LAS IDEAS DE ASESORES NAZIS

Los documentos encontrados en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Sevilla incluyen una información exhaustiva de cómo se distribuían los espacios dentro del campo, que había sido construido gracias a la ayuda de asesores nazis que daban a conocer las futuras ideas que tenían previstas para sus propios campos de exterminio . En torno a un patio central en forma de rectángulo se ubicaban los espacios destinados a servicios concretos de los oficiales, la tropa encargada de la vigilancia del campo, oficinas y enfermería, dormitorios para los presos encargados de la ejecución de las obras, comedores de jefes y reos, cocina y capilla, aseos, lavaderos, garaje y almacenes.

El coste de este campo, construido por el ingeniero Jesús Iribas, fue de 155.520,61 pesetas, una cantidad importante para la época. Sin embargo, la cifra final ascendió a 182.543,38 al introducir materiales como la teja árabe y «juncos» del Guadaira, que se encontraba muy cerca de la zona.

Actual parque donde se ubicaba el Campo del Colector /M.A
Actual parque donde se ubicaba el campo. // M. A. Molina
El campo de El Colector finalizó su actividad en octubre de 1939, convirtiéndose en la prisión habilitada de Heliópolis, hasta 1941. Cercado de alambradas, tal y como apuntan los documentos, los batallones de presos siguieron ubicándose en zonas cercanas de la ciudad para construir nuevas obras como la presa de la Torre del Águila en Utrera o el Canal de los Presos del Bajo Guadalquivir.
A pesar de las reuniones mantenidas con el gobierno local del PP, el grupo de Memoria de la CGT no ha conseguido ni que una pequeña placa rinda homenaje a los trabajadores de El Colector bajo una expresión tan incómoda como el de “campo de concentración”.

martes, 21 de abril de 2015

Qué son los delitos de odio

PÚBLICO.ES- Esteban Ibarra, Presidente de Movimiento Contra la Intolerancia y Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio
Tras la buena noticia de la presentación por el Gobierno del  Informe sobre Delitos de Odio, con independencia de los interrogantes que plantean los datos y limitaciones obvias constatables por falta de denuncias o de la propia construcción de un informe primerizo con evidentes lagunas conceptuales, hay que valorar la voluntad política del Ministerio del Interior de poner en la agenda institucional un problema que durante más de 20 años no ha sido debidamente reconocido en nuestro país, pese a las miles de agresiones que se producen al año y los cerca de 90 homicidios racistas, xenófobos, homófobos y otros episodios de intolerancia criminal que se han cometido desde principios de los años 90.


Este problema se reconoce ahora a partir de un término acuñado a nivel internacional, delitos de odio, identificado en otros países  con el término Hate Crime, para el que las instituciones europeas reclaman atención, medidas y legislación. Sin embargo hacer un diagnóstico no es sencillo, sobre todo si hay confusión terminológica que dificulta entender el alcance del problema, de ahí que conviene señalar errores y confusiones que se están evidenciando al tratarlo. Surgen preguntas y se desvelan bastantes errores de concepto acerca de este término de amplio uso internacional, y algunas de ellas se responden a continuación.

El delito de odio no es un delito de sentimiento. Una persona puede cometer un “delito común” y sentir odio hacia su víctima porque colisionan por vecindad o por controversias laborales, por relación afectiva  o por cualquier otra situación generada en el contexto del enfrentamiento donde emergen sentimientos de odio, ira o rabia, y no por ello es un delito de odio; este delito refiere a una característica fenomenológica objetivable, aunque tiene elementos subjetivos (prejuicios, ideologías, doctrinas, anomia moral..) en las que radica esa actitud heterófoba. Quien lo comete, además de dañar a la víctima aporta un plus delictivo al enviar un mensaje de amenaza a personas semejantes a la víctima o a su colectivo de referencia, un mensaje de que también les puede suceder lo mismo, además de impedirles ser parte de la comunidad en que se insertan. La definición tipificada de delito de odio, de momento, no debe buscarse en el código penal respectivo, al igual que tampoco se encuentra el término “delito común” y otras expresiones terminológicas ausentes, como sucede con “discriminación”. 

Los delitos de odio o delitos motivados por intolerancia al diferente, ya sean por prejuicios o sesgos de diferente raíz, refieren a la negación delictiva de la igual dignidad intrínseca de la persona y la universalidad de derechos humanos en base al rechazo de nuestra diversidad, hacia personas o grupos a los que, desde profunda intolerancia, se puede llegar a concebir como subalternos e incluso “prescindibles”, como nos mostró el genocidio nazi; estas infracciones suponen la quiebra, siempre mediante delito, del principio de tolerancia, en tanto este conlleva respeto, aceptación y aprecio a la diversidad humana, tal y como define la Declaración de la UNESCO y suspenden la libertad e igualdad de las víctimas y personas vulnerables. Sustancialmente tienen dos elementos: uno, que deben ser una infracción penal según el ordenamiento jurídico del país; y dos, que  sus victiman han de ser seleccionadas por su pertenencia o relación con un grupo humano diferenciado, y no siempre protegido, por la legislación contra los delitos de odio. 

Esto en si mismo tiene variaciones por cada país. Es lógico porque cada país tiene un ordenamiento jurídico-penal propio y define las características que protegen socialmente (origen étnico, sexo, orientación sexual, discapacidad..), en el caso de la Unión Europea se señala seis colectivos diferenciados a proteger, en cambio Bélgica señala hasta 17. En España la modificación del Código Penal lo eleva a 13 factores protegidos mediante agravante, aunque olvida a las personas sin hogar, el origen territorial y el aspecto físico entre otros. La variedad por países es enorme, aunque el concepto de trabajo aprobado por el Comité de Ministros de la OSCE (2003) vino a definir como Crimen (delito) de Odio:“toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la “raza”, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos”. 

El delito de odio no se debe confundir con discriminación. El tratamiento de la discriminación se sitúa, esencialmente, en el orden civil, social y administrativo, y contempla diferencias jurídicas con el orden penal donde no es posible la inversión de la carga de la prueba planteada en las Directivas europeas. Estas directivas y la decisión marco de derecho penal lo distinguen claramente, señalando el odio y la violencia como elementos diferenciados de la discriminación. Se comete el error de identificar delito de odio y discriminación, en contradicción con las directivas, no teniendo en cuenta el principio de causalidad y planteando que el delito de odio está causado o motivado por la discriminación. No es así, la discriminación es otra consecuencia-efecto, otra conducta de intolerancia, como también son, tipificadas o no, entre otras, la segregación, la marginación, el hostigamiento, el homicidio e incluso, los crímenes de lesa humanidad. Las directivas son muy explícitas y definen discriminación, como: “toda aquella acción u omisión por la que una persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable y cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios”. Es decir, refiere a la negación del principio de igualdad ante la ley, de trato o igualdad de oportunidades, lo que es diferente a la naturaleza del delito de odio que refiere a la igual dignidad (valor) de la persona y universalidad de los derechos humanos.

Tampoco se debe confundir con violencia de género. A este respecto la ley española es explícita y entiende por violencia de género “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad” que se ejerce sobre las mujeres “por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. En cambio, el delito de odio si tendría que ver con una infracción penal por misoginia (odio o aversión a las mujeres) y con el feminicidio (asesinato de mujeres por ser mujeres), aunque hay quien opina que es más plausible mantener intervenciones y tratamientos jurídico-sociales diferenciados.

Finalmente y vinculado con el delito de odio, se sitúa el denominado “discurso de odio”, ahora punible con la reforma del Código Penal que posibilita su acometimiento en el art. 510 relativo a la incitación directa o indirecta al odio, la discriminación y la violencia por las distintas formas de intolerancia recogida en ese artículo. Así mismo, el Comité Europeo de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación (97) 20, de 30 de octubre de 1997,  sobre "discurso de odio" expresa y define que: -por el término "discurso de odio" se entenderá que abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras  formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante-.En fin, como podremos observar, el reconocimiento de las distintas formas de intolerancia: racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, sexismo, homofobia, antigitanismo, disfobia, aporofobia y un largo etcétera que comparten la vulneración de la dignidad intrínseca de la persona y los derechos humanos por negación de la diferencia y diversidad, es convencional.

En los dos últimos años, hemos avanzado significativamente (Registro estadístico, Protocolo para fuerzas de seguridad, Fiscalías especializadas, Consejo de Victimas, Día europeo por su memoria..), por consiguiente y para seguir avanzando en la convivencia y protección de todas las personas, resulta necesaria una Ley Integral contra los Delitos de Odio que desde perspectivas educativas y preventivas de  criminalidad y con una respuesta victimológica seria, consolide lo realizado y profundice incorporando responsabilidades humanitarias y líneas estratégicas de intervención contra esta lacra de la humanidad. Este es un camino que nos llevará hacia una sociedad democrática que excluya toda forma y conducta de intolerancia, donde se respete, acepte y aplique universalmente los derechos humanos.

lunes, 20 de abril de 2015

Naufraga un pesquero con 700 personas a bordo al norte de Libia

ELDIARIO.ES- Un barco pesquero con cerca de 700 personas a bordo que intentaban alcanzar las costas europeas ha naufragado durante la pasada noche al norte de Libia, a 120 millas de Lampedusa. El diario italiano La Repubblica apunta que por el momento 28 personas han sido rescatadas con vida y se han recuperado al menos 24 cadáveres, según confirma la Guardia Costera italiana, aunque las labores de búsqueda continúan.  Las autoridades de Malta se han ofrecido a hacerse cargo de los cuerpos rescatados y llegarán a la isla en las próximas horas, según ha informado el primer ministro italiano, Mateo Renzi.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido de que este naufragio entre las costas de Libia e Italia puede convertirse en la mayor tragedia de la historia de los desplazamientos de inmigrantes en el Mediterráneo. "Si se confirman estas cifras, en los últimos días habrían muerto más de 1.000 inmigrantes en estas aguas", ha afirmado Sami Carlotta, portavoz de ACNUR a RaiNews 24. La portavoz ha interpelado una vez más a la Unión Europea para que "ponga solución a este problema".
Uno de los primeros barcos de la Marina en llegar al lugar del naufragio fue el 'Gregoretti', que consiguió prestar socorro a los 28 supervivientes. Esta embarcación ha sido la avanzadilla de una "masiva operación", según las autoridades italianas, en la que están participando barcos, aviones, helicópteros y barcos mercantes de la zona.
La coordinación de la operación corre a cargo de la Guardia Costera italiana y en ella están involucrados también buques y aeronaves de la Armada y de la Operación europea Tritón, de la Agencia Frontex. Una fuente de la Armada de Malta puntualizó a Efe que en la zona del siniestro "están desplegadas 17 unidades coordinadas por Italia".
Dado que la temperatura del agua no es demasiado fría, unos 17 grados, los servicios de rescate confían en encontrar todavía supervivientes a la tragedia que hayan logrado mantenerse a flote en el mar amarrados a algún resto de la nave.
La voz de alarma fue lanzada desde el mismo pesquero al filo de la medianoche del sábado, cuando se encontraba a unas 70 millas (unos 130 kilómetros) al norte de Libia. La llamada de socorro fue recogida por los guardacostas italianos que identificaron rápidamente por satélite las coordenadas de la embarcación. Ante la imposibilidad de llegar a tiempo, el Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costera italiana pidió al barco mercante portugués 'King Jacob', que navegaba en las cercanías, que se desviara hasta el lugar del suceso.
Al avistar la embarcación, los inmigrantes se desplazaron de forma súbita hacia uno de los lados del pesquero para pedir socorro del buque portugués, lo que hizo volcar el barco. "Se colocaron todos en el mismo lado de la nave y provocaron su hundimiento", según ACNUR.
Esta semana, el Mediterráneo se baña de tragedia como la peor registrada en número de muertes de personas que intentaban alcanzar Europa. Antes del naufragio de este buque, el hundimiento el lunes de una embarcación con cerca de 400 personas desaparecidas y de  otro barco con 41 personas sin localizar durante el jueves elevaron las cifras de Acnur a 950 personas fallecidas en 2015.

Estas últimas tragedias, las guerras que asolan los países emisores de refugiados y migrantes, como Siria, y la inexistencia de una operación europea de rescate en el Mediterráneo hacen temer a las organizaciones humanitarias y a las Naciones Unidas que el récord del año pasado como el peor en número de víctimas mortales, con al menos 3.224 personas fallecidas en sus aguas, sea superado en 2015.

Mientras organizaciones como Amnistía Internacional y actores como las Naciones Unidas exigen una respuesta urgente que pase por el salvamento, la Comisión ha reconocido esta semana que "no tiene ni el dinero ni el apoyo político para lanzar un sistema de protección de fronteras europeo capaz de buscar y rescatar", ha afirmado su portavoz, Natasha Bertaud.
La respuesta en Europa
Este lunes está prevista una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en la que se abordará, entre otros temas, la dramática situación que se vive en el Mediterráneo. En ese encuentro, ha dicho Federica Mogherini, se presentará "un conjunto de propuestas para Libia".
Tras conocer la noticia, la jefa de la diplomacia comunitaria ha instado a la UE "a abordar sin demora" la tragedia de los naufragios en aguas mediterráneas. "Hemos dicho demasiadas veces 'nunca más'. Tenemos que salvar vidas humanas todos juntos, todos juntos necesitamos proteger nuestras fronteras y luchar contra el tráfico de seres humanos", ha afirmado Mogherini.
"La respuesta no está a la altura de la dimensión del problema: el drama que ocurre y el aumento de inmigrantes potencial es enorme", ha reconocido por otra parte una fuente de alto nivel diplomática europea. Pese a ello, la misma fuente ha admitido que "no hay voluntad colectiva para una operación marítima más fuerte". "No está sobre la mesa", ha recalcado.
"Todos somos conscientes de que la sangría hay que pararla de alguna manera (...) pero los Gobiernos no están por la labor de dar más medios. Unos quieren la opción de salvamento y otros quieren parar las cosas en tierra, para parar esa salida masiva" de inmigrantes, ha resumido otra fuente diplomática.

La posición de España

España ya ha dejado claro que no es partidaria de que Frontex asuma competencias de rescate de inmigrantes con el argumento de que tendría un "efecto llamada". El Gobierno apuesta por la cooperación con los países de origen para frenar la inmigración, a pesar de que en los últimos años las ayudas de cooperación al desarrollo han sufrido un recorte de más de un 60%.
Sobre lo ocurrido se ha pronunciado Mariano Rajoy durante su intervención en un acto de partido en Alicante. "No hay ninguna nación que pueda hacer frente solo a esta tragedia. La respuesta tiene que venir de Europa. Ya no valen las palabras, hay que actuar. Son tragedias que se están produciendo todos los días", ha dicho. "Los europeos nos jugamos nuestro crédito si no somos capaces de evitar estas dramáticas situaciones", ha agregado.
El Gobierno italiano, por su parte, celebra esta tarde una reunión de urgencia para acordar las líneas que seguirá Italia a partir de este momento. Un encuentro al que le sucederá una comparecencia de Renzi ante los medios, según confirmó el Palazzo Chigi, sede del Ejecutivo.