Quien pertenece a una etnia, tiene un color de piel que no es blanco o unos rasgos que marcan su origen sabe lo que es sufrir discriminación racial en un lugar como la Comunitat Valenciana en pleno siglo XXI. No es un problema autonómico, sino nacional, por ello el Ministerio de Igualdad cuenta con un Servicio de Asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica para el que trabajan nueve asociaciones en la Comunitat Valenciana: Accem, Cear, Cepaim, Valencia Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz, Fundación Secretariado Gitano, Rumiñahui y Cruz Roja.
Las entidades sociales aseguran que la discriminación por el origen, el color de la piel o la etnia no es algo del pasado, sino que está bien presente en todos los ámbitos de la vida. Recibir insultos, tener que responder en una entrevista telefónica por el color de piel, ver como se niega el alquiler de una vivienda a pesar de cumplir los requisitos, el acceso a un determinado lugar o a un empleo es algo con lo que conviven a diario diferentes personas.
Por eso, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, las entidades que trabajan para conseguir ese fin quieren realizar una «información de servicio» para que las víctimas sepan qué hacer en cada caso y a dónde dirigirse ya que «hemos detectado que demasiadas personas no saben qué hacer cuando son víctimas de discriminación». Tanto los que son españoles como los que son migrantes, aunque la vulnerabilidad de los segundos va en ascenso.
Lo primero que destacan las organizaciones presentes en este encuentro -Noelia Montagut, de Cear; Mariana Yñurrigarro, de Cepaim; Angel Galán, de Movimiento contra la Intolerancia; Francisco Simón, de Valencia Acoge y Rocío Llopis, de Movimiento por la paz- es que «hay que dejar constancia por escrito de lo que ha pasado». Una queja (en la oficina de consumidores y usuarios, ante el propio servicio, en el defensor del pueblo...), una reclamación (mediante la hoja de reclamaciones de cualquier establecimiento) o una denuncia (en la policía o en el juzgado de guardia) es «clave». Porque es más fácil demostrar lo que aparece por escrito o queda registrado que lo que no consta en ninguna parte. Sin embargo, las víctimas suelen «dejar pasar los abusos y delitos, que sí deben tener consecuencias». Es más, «hay muchas personas migrantes que piensan que ese insulto racista, ese trato vejatorio, que esa discriminación, xenofobia y racismo al que se ven sometidos es el precio deben pagar por estar aquí, por ser personas migrantes».
El problema está en casa
Ahora bien, desde las entidades del Servicio de Asistencia y Orientación a víctimas de discriminación racial o étnica destacan un problema al que dedican «buena parte del trabajo que hacemos» y que es la lucha contra el racismo institucional.
Y es que el enemigo está en casa, aunque el Gobierno se esfuerce, con servicios como este, en avanzar contra el racismo y la discriminación.
«Existe toda una serie de entramado y normas que discriminan a las personas migrantes. Faltan disposiciones que garanticen la igualdad de trato y las relaciones entre particulares. Es el Gobierno quien debe cambiar ciertas cosas, pero no lo hacen así que buscamos otras vías», explican.
Y ponen un ejemplo claro para que se entienda un mensaje que va más allá del «policía racista».
Y es que las entidades del servicio valenciano sacaron a la palestra, mediante varios casos documentados y con repercusión mediática, el problema que supone para las personas migrantes en situación administrativa irregular ir a denunciar en comisaría que han sido víctimas de un delito.
Denuncia y expulsión
«Nuestra denuncia supuso una recomendación del Defensor del Pueblo que instaba a que una personas que va a denunciar un delito no salga de la comisaría sin poder hacerlo y con una orden de expulsión porque no tienen la documentación en regla. Eso es racismo institucional, pero el propio ministro Marlaska aseguró que ese es el procedimiento aunque se vulnere la protección que debe tener la víctima», explican.
Pero a los problemas, solución. «Así que lo que recomendamos es que, ante cualquier delito, acudan al juzgado de guardia a denunciar. Porque hay que denunciar», recalcan. Además, han enviado circulares a servicios sociales instando a que «no envíen a la comisaría a ninguna persona en situación irregular porque pueden salir de allí con orden de expulsión».
Insisten en la importancia de la «denuncia» porque «haberlas haylas», pero son mínimas y son «la punta del iceberg» con 588 denuncias presentadas en España, por racismo y discriminación, en 2019. La Comunitat Valenciana, que es la quinta en número de denuncias, sólo suma 38 casos .
Las entidades dicen que también es racismo institucional la falta de acceso al padrón, a ayudas vulnerables, tarjeta sanitaria, a la hora de abrirse por ejemplo una cuenta. Porque tiene derechos que se ven vulnerados.
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