El presidente de esta asociación, Esteban Ibarra, transmitió ayer a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, su preocupación ante la expansión del discurso de odio en Internet y redes sociales. Foto: FGE
Fuente: Confilegal
Movimiento contra la Intolerancia ha transmitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) su preocupación ante la expansión del discurso de odio en Internet y las redes sociales, y las dificultades existentes para hacer viable la denuncia.
El presidente de esta asociación de derechos humanos, Esteban Ibarra, se reunió ayer con el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, y con la fiscal de la Unidad de Apoyo, Ana Isabel García León, y les manifestó que el anteproyecto de Ley de infancia “excluye discriminatoriamente a víctimas de los delitos de odio”.
Ibarra también fue recibido por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y le pidió que apoye universalizar la protección de las víctimas de delitos de odio y que las fiscalías de delitos de odio sean proactivas ante este grave problema.
Según ha informado a Confilegal el presidente de esta asociación, la Fiscalía General del Estado le ha confirmado su compromiso en ofrecer una respuesta especializada y, por tanto, “más eficaz” en la investigación de este tipo de actividad criminal, a través de la red de fiscales especialistas coordinados por el fiscal de Sala de delitos de odio y discriminación, Alfonso Aya Onsalo, prestando especial atención a la creciente expansión del discurso de odio en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Ambas partes coinciden en la necesidad de sostener la universalidad en la protección de las víctimas de delito de odio y han puesto de manifiesto su voluntad de potenciar la adecuada y necesaria asistencia a las mismas.
PIDE A LOS PARTIDOS QUE ENMIENDEN LA NUEVA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INFANCIA PARA QUE RECOJA LA CLÁUSULA GENERAL ANTIDISCRIMINATORIA
Esteban Ibarra critica “la nueva redacción de los tipos penales que afectan a los delitos de odio suprime la cláusula general antidiscriminatoria que había incorporado el anterior Gobierno socialista el 28 de diciembre de 2018 adecuándose al mandato constitucional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Según denunció en Confilegal el pasado mes de junio, el proyecto de Ley, que conlleva la nueva regulación de los delitos de odio en los artículos 22.4, 314, 510, 511, 512 y 515.4 del Código Penal, al eliminar como cláusula general “cualquier otro motivo de discriminación, produce un efecto de exclusión y discriminación hacia el resto de víctimas que sufren delitos de odio”.
Movimiento contra la Intolerancia advierte que “es un grave error,porque “comete una discriminación hacia todas las personas que no están incluidas en la citada redacción, como son quienes sufren discriminación por origen territorial, social, idioma o lengua, opinión, color, aspecto físico, profesión, identidad cultural o deportiva, por características genéticas, por estilo de vida o por las infinitas manifestaciones de la condición humana”.
Esta asociación pide a los grupos parlamentarios que “subsanen” esta nueva redacción del proyecto para que recoja esta cláusula general antidiscriminatoria, y se evite así también “la más que posible inconstitucionalidad de esta modificación”.
Ibarra ha publicado hoy una columna en Confilegal en la que pone el foco en el discurso de odio en Internet y el “necesario debate” sobre su alcance y la protección de la libertad de expresión.
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