Las ONG antirracistas SOS Racismo y Movimiento contra la Intolerancia han rechazado las agresiones con “clara motivación racista” por parte de las patrullas ciudadanas que están surgiendo en algunas zonas de Cataluña. Tal y como han apuntado las organizaciones, estas patrullas actúan “fuera del ordenamiento legal” y “saltándose” la presunción de inocencia, “prejuzgando y tomándose la justicia por su mano” contra los jóvenes migrantes extutelados.
Varias entidades en defensa del colectivo migrante consultadas por Europa Press han rechazado el asalto a un piso que estaba ocupado por jóvenes migrantes cometido por parte de un grupo de personas de Premià de Mar (Barcelona), en una zona del municipio donde existe una elevada actividad delictiva y se registran numerosos robos y asaltos. Si bien, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Méndez, ha dicho que fueron “dos o tres personas que actuaron a título individual, no era un grupo muy organizado”, cuestionando la existencia de estas patrullas ciudadanas.
En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de incidencia política de SOS Racisme Catalunya, Gemma Ferreón, ha explicado que se están produciendo dinámicas parecidas por parte de ‘patrullas ciudadanas’ en varias zonas de la región, también en el barrio barcelonés de la Trinitat Vella. “Todo esto tiene un contexto estructural donde la violencia hacia el colectivo de menores migrantes se extiende en el tiempo, no es algo nuevo”, ha apuntado, para después añadir que se han dado “casos de extrema violencia” hacia la infancia y juventud migrante que “está sufriendo una constante estigmatización y racista”.
Tal y como ha remarcado, estas patrullas ciudadanas actúan “saltándose” la presunción de inocencia, “prejuzgando y tomándose la justicia por su mano” y, por ello, sus actos “son delictivos” y “no deben quedar en la impunidad”. “No es el camino, no se puede responder con violencia”, ha remarcado, subrayando además que en ningún caso se ha demostrado la culpabilidad de las personas atacadas ni su relación con los asaltos y robos que se han producido en la zona. “Si fueran blancos, ¿llegaríamos a esta violencia?”, ha cuestionado.
Ante una situación de tensión social, tal y como ha añadido, “acaban siempre pagando los colectivos más discriminados”. Su criminalización, según ha añadido, sucede a pesar de que “un pequeño porcentaje” de este colectivo “delinque”. “Por un hecho aislado se culpa a todo un colectivo, que encima es el más vulnerable”, ha lamentado Ferreón.
No obstante, la representante de SOS Racismo ha hecho hincapié en que, aparte de estas patrullas, también hay muchos vecinos “trabajando en el control y contención” para que su derecho a sentirse seguro “no derive en violencias y ataques racistas”. Según ha reiterado, son las instituciones las que deben evitar que se llegue a esos extremos de violencia y garantizar la convivencia.
Así, ha denunciado que las instituciones y las administraciones “no cumplen con sus responsabilidades” y son “los principales causantes de las discriminación” hacia estos menores migrantes cuando “deberían ser los garantes” de sus derechos. En este contexto ha lamentado las declaraciones del alcalde de Premià, quien, a su juicio, trata de “quitarle importancia a una agresión con clara motivación racista”. “Quitarle importancia a este acto es no conocer la problemática de la zona”, ha concluido.
“CARGA XENÓFOBA” EN ESTAS PATRULLAS CIUDADANAS
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha afirmado que las acciones de estas patrullas ciudadanas “hay que situarlas en la ilegalidad”, al tiempo que ha subrayado que existe “carga xenófoba” en manifestaciones de esos grupos ciudadanos.
“La forma de proceder adecuada es denunciar y que las instituciones acometan esas denuncias”, ha apuntado al respecto. Tal y como ha declarado Ibarra, el “hecho” es que los vecinos de la zona del piso ocupado de Premià llevaban tiempo quejándose de la falta de seguridad en la zona, incluso de intentos de agresiones sexuales, pero “no que no está constatado es que tengan ser por parte de estos jóvenes que se ubican en el piso ocupado”.
Para Ibarra, ante el “déficit” de esa seguridad de los ciudadanos por la falta de respuesta institucional por parte del ayuntamiento y de la Generalitat, aparecen estos grupos de patrullas ciudadanas que “no se legitiman con el ordenamiento legal”. “Estas son prácticas muy peligrosas que ante la omisión institucional de un derecho fundamental que es el de la seguridad ciudadana pues la respuesta no puede ser una acciones delictivas”, ha aseverado.
Ibarra además ha apuntado que “es responsabilidad” de las instituciones “buscar salidas” y “dar opciones” a estos jóvenes cuando su periodo de tutela finaliza, y ha dicho que no se les puede “dejar en la calle”.
“RACISMO INSTITUCIONAL”
Por otro lado, recientemente SOS Racisme Catalunya ha hecho público un audio en el que se escucha a un agente de los Mossos d’Esquadra profiriendo insultos racistas contra un hombre de 20 años, W.D.R., durante su detención policial. De hecho, seis agentes de los Mossos d’Esquadra están siendo investigados por los delitos de lesiones y contra la integridad moral tras la denuncia presentada el agredido.
Desde SOS Racismo han afirmado al respecto que la perfilación racial es la base “del racismo institucional” y sirve de puerta de entrada a la mayoría de abusos policiales.
Por su parte, Ibarra ha tachado de “impresentable” esta conducta de los agentes. Para él, estas manifestaciones contra el joven “dañan su dignidad” y la conducta de los agentes está “prohibida en las ordenanzas”, por lo que asuntos internos “debe actuar” ya que es un presunto delitos contra las libertades y derechos fundamentales y los Mossos deben ser apartados de la policía catalana.
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