jueves, 31 de julio de 2014

El monumento dedicado a Primo de Rivera, desaparece del paisaje urbano de Granada


 El monumento dedicado a Primo de Rivera, situado en la céntrica plaza granadina de Bibataubín, ha desaparecido del paisaje urbano. Después de seis años de pleitos, las asociaciones memorialistas lograron tumbar en los tribunales la escultura dedicada al fundador de Falange, que el gobierno municipal (PP) se negaba a retirar. Esta mañana, sin previo aviso, unos operarios municipales desmontaron el monumento en cuestión de horas. No hubo expectación mediática. El equipo popular había anunciado que quitaría la escultura este mismo mes, obligado por sentencia judicial, pero no anticipó el día en que lo haría.
A las 8 de la mañana, una cuadrilla de operarios acordonó la zona y procedió a desmontar la escultura con un camión grúa. Poco después, fue descargada en el camión. La escultura, símbolo del franquismo, desaparecía del paisaje urbano. En la zona ha quedado la base sobre la que se asentaba el monumento, que representaba el saludo fascista: cinco brazos coronados por unas alas de águila con el yugo y las flechas, y una dedicatoria: “Granada a José Antonio”.
Desaparece del lugar el monumento fascista, pero no los honores a su autor. El gobierno municipal y el equipo popular de la Diputación se las han ingeniado para mantener viva la memoria de Francisco López Burgos, el escultor franquista que realizó durante la dictadura la obra dedicada a Primo de Rivera. Fue en el año 1972, cuando el padre del actual presidente de la Diputación, también presidente del PP y senador, Sebastián Pérez, era subjefe provincial del Movimiento.
Pérez ha sido el principal defensor del monumento dedicado a Primo de Rivera. La máxima autoridad del PP de Granada se saltó la Ley de Memoria Histórica desde un principio para mantener la escultura fascista, invocando el valor artístico de la obra. El pasado mes de abril y después de un largo pleito, los tribunales le quitaron la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció que la escultura carecía de valor artístico y suponía, además, una exaltación del fascismo.
La escultura dedicada al fundador de Falange se va del centro de Granada, brazo en alto, para ser sustituida por otra obra del mismo autor: una estatua que lleva por nombre la ‘Soledad’, cedida recientemente por la Diputación al Ayuntamiento para que ocupe el mismo lugar del monumento que rendía honores a Primo de Rivera.
Las dos instituciones gobernadas por el PP resolvieron homenajear así al autor del monumento fascista y colocar en un lugar privilegiado de la ciudad una obra que formaba parte de la decoración del despacho del presidente de la Diputación. La memoria del escultor franquista sigue viva.

SATISFACCIÓN EN LA IZQUIERDA GRANADINA

La retirada del monumento fascista ha sido posible gracias a la batalla judicial en la que se embarcó la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH), que recurrió en su momento el acuerdo por el que el gobierno municipal del PP utilizó el rodillo de su mayoría absoluta para rechazar una moción de IU, respaldada por el PSOE, que pedía la retirada de la escultura en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. También recurrió ese acuerdo la Abogacía del Estado, que ha pleiteado, junto con la AGRMH, para que los tribunales entraran en el fondo de la cuestión.
Durante años, los juzgados granadinos eludieron pronunciarse sobre la retirada de la escultura y se limitaron a emitir sentencias que resolvían los recursos agarrándose a cuestiones formales o errores de puntería procesal. La sentencia del TSJA del pasado mes de abril, que era firme y contra la que no cabía recurso, echó por tierra los argumentos a los que se aferraba el PP para mantener en el centro de Granada ese símbolo del franquismo.
Hoy, asociaciones memorialistas, partidos políticos (salvo el PP) y organizaciones ciudadanas han celebrado la retirada de la escultura. La Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación entiende que “por fin” se puede “pasear por la Plaza de Bibataubín sin soportar ese infame símbolo fascista, que era insostenible en democracia”. Su portavoz, Francisco Vigueras, considera que “hoy es un gran día para las víctimas del franquismo, para la democracia y para la imagen de la ciudad de Granada. La Plaza de Bibataubín ha vuelto a la normalidad democrática”.
El representante del colectivo afirma que la Plaza de Bibataubín debería estar presidida por un monumento de consenso, que sea laico, que haga una exaltación a la democracia y que represente a toda la ciudadanía. “Consideramos que el intento del Partido Popular de imponer la escultura de una niña en posición sumisa y que parece estar rezando, es una nueva burla del gobierno municipal del PP a la ciudadanía”.
El PSOE de Granada también ha celebrado la retirada de la escultura fascista. La coordinadora del Grupo de Memoria del PSOE provincial de Granada, Fátima Gómez, ha lamentado que el gobierno municipal y el PP provincial se hayan negado a retirar durante años un monumento que suponía “una exaltación al fascismo y a la barbarie franquista y un insulto para las víctimas y sus familiares”. Para la representante socialista, está claro que el PP ha retirado la escultura dedicada al fundador de Falange “por obligación judicial y no por convicción”.
“No se puede poner flores a Lorca y al mismo tiempo rendir homenaje a sus verdugos”, señala Fátima Gómez, en alusión al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, y a su defensa del monumento a Primo de Rivera. Su actitud, añade, es propia de los nostálgicos y no de “demócratas”. La coordinadora del Grupo de Memoria del PSOE provincial ha pedido al presidente del PP y al equipo popular del Ayuntamiento que dejen de homenajear a escultores premiados por la dictadura, poniendo en el mismo lugar otra obra del mismo autor franquista, y ha reclamado  que devuelvan a  la vía pública el monumento a la Constitución que retiraron hace unos años.
El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, también se alegra de que “la normalidad democrática vuelva a las calles de Granada”, aunque insiste al recordar que la retirada de la escultura franquista no se ha hecho por iniciativa del PP, sino por sentencia judicial. “El PP ha estado mareando la perdiz hasta el último momento”, señala, y espera que se supriman los símbolos de la dictadura que permanecen en la ciudad en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica-

El presentante de IU pide consenso sobre lo que se va a colocar en el mismo lugar. “Sustituir la escultura franquista por otra del mismo autor es retorcer el asunto y generar más polémica”, insiste y reclama que el monumento que se coloque sea representativo de toda la ciudad. Por ello, IU ha propuesto que en ese lugar se rinda homenaje a Enrique Morente, que representa “lo mejor de Granada y los valores que debe defender la ciudad”.

La ONU da 90 días a España para decir qué hará con las víctimas del franquismo

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha presentado un demoledor informe tras su visita a España el pasado septiembre, que concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno y la petición de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo" para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo.


El informe recuerda que España está "obligada" por el derecho internacional y la
Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (que ratificó en 2010)  a "asumir su responsabilidad" y elaborar "una política de Estado comprensiva, coherente y permanente" que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos. "Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", dice el informe.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha enviado al Gobierno  hasta 42 recomendaciones y manifiesta su disposición a "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" al tiempo que ofrece su "asistencia" para que España cumpla con la declaración contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. En conversación con EL PAÍS desde Texas, el autor del informe, Ariel Dulitzky, aseguró que la más importante y “urgente” de todas las recomendaciones es que “el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”. Preguntado por qué ocurrirá si el Gobierno español se excusa en la crisis económica para rechazar sus recomendaciones, Dulitzky responde: “Esto no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega, seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”. 
Estas son las peticiones a España del grupo de trabajo de naciones unidas sobre desapariciones forzadas:
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma general, la ONU recomienda a España que proporcione "mayor apoyo institucional y financiero" a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo y que cree una "entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros" que se encargue de "todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones". Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un  "plan nacional de búsqueda" de estas personas y que lo ponga en marcha "a la mayor brevedad posible".  El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas. 
2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que "los responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos". Los familiares de víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia, casquillos, balas...), pero los juzgados casi nunca contestan.
3. Justicia. Investigaciones "de oficio". Naciones Unidas recomienda "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas". Para ello, reclama  "eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales", como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, y finalmente absuelto. La ONU propone a España "actualizar, depurar y poner a disposición del público" la base de datos que el magistrado elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la frustrada investigación.
4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione "los fondos adecuados" para que la ley de memoria histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que "vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Y reclama, especialmente, la "implementación" de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España "fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación" y garantizar un banco nacional de ADN que integre "muestras genéticas de todos los casos denunciados".
6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere "la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura".
7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la justicia argentina con los crímenes del franquismo.
Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer y qué no y motivar su decisión.

LA ACUSACIÓN POPULAR RECURRIRÁ LA ABSOLUCIÓN DEL GRUPO NEONAZI FAS E INSTA A LA FISCALÍA A ACTUAR

Califican la sentencia de «poco edificante» desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos
Las entidades que han ejercido la acción popular en el juicio de la llamada «Operación
Panzer» han anunciado que estudian ya interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ha absuelto a los 16 acusados de pertenecer a la organización neonazi Frente Antisistema (FAS) al declarar nulas las escuchas telefónicas, al tiempo que han instado a la Fiscalía a que lleve adelante por su parte un recurso de casación.
Así lo ha expresado, a través de un comunicado difundido por Movimiento contra la Intolerancia, la Acció Popular contra la Impunitat, que se personó en esta causa como acusación popular y formada por distintas asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunidad Valenciana.
El colectivo se ha referido así a la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de absolver a los 16 acusados de integrar la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital valenciana, al declarar nulas las intervenciones telefónicas y, con ellas, el resto de pruebas y acciones practicadas.
La acción popular califica la sentencia de «sorpresiva y poco edificante, desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos». «Probablemente será muy difícil o imposible de comprender para la ciudadanía, tras la exhibición de pruebas y armas aportadas por la Guardia Civil en la Operación Panzer, este resultado de absolución, que fundamenta la sala desde la ilegalidad de las escuchas telefónicas», argumenta la entidad.
La acusación popular entiende, como ya mantuvo en el juicio, que «la legalidad del auto emitido por el juez que autorizó las intervenciones telefónicas de los acusados viene apoyada por abundante jurisprudencia, y también el Oficio de la Guardia Civil al señalar una web donde se vendían armas prohibidas, hecho que, incluso, reconoce la sentencia».
En la misma línea, estas entidades defienden que «la jurisprudencia observa que los indicios que se exigen para una intervención telefónica son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento y que debe quedar claro que no es necesario que se alcance el nivel de los indicios racionales de criminalidad propios de la adopción del procesamiento».
En este sentido, recuerdan varios pronunciamientos del Constitucional que apuntan que «la proporcionalidad supone también que el sacrificio del derecho reporte más beneficios al interés general que desventajas o perjuicios a otros bienes o derechos atendidos la gravedad de la injerencia y las circunstancias personales de quien la sufre».

«Base suficiente para ir al Supremo»

En consecuencia, la acusación popular «entiende que hay base suficiente para ir a un recurso ante el Supremo, por lo que sudepartamento jurídico ya ha comenzado a estudiar su interposición».
Paralelamente, emplaza a la Fiscalía a presentar recurso de casación frente a esta sentencia, «en congruencia con su propia acusación que ha mantenido durante todos estos años, garantizando así, el que por encima del riesgo de quebranto económico que pudiera suponer un recurso de casación, ante numerosas partes, asumido exclusivamente por las organizaciones no lucrativas que sostienen la Acusación Popular, la Fiscalía cumple con su misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».
Finalmente, Acció Popular contra la Impunitat advierte «del peligroso ambiente de euforia de los grupos neonazis en las redes sociales e internet tras el conocimiento de la absolución de los encausados».

EU reclama al CGPJ una investigación

Asimismo, el diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que abra una «investigación seria y coherente sobre los hechos producidos, porque es muy grave».
«Y nos parece sumamente sospechoso que varias tramas fascistas investigadas por la policía y después de instruirse los casos, salgan absueltas en la Audiencia Provincial de Valencia de manera sistemática», afirma el parlamentario en un comunicado.
Sixto subraya que la absolución de los acusados del caso Panzer ha llegado después de que haya tardado muchos años en producirse la vista oral en este juicio. El representante de EU asevera que «durante la instrucción se destruyeron pruebas de la acusación, en concreto las armas que se incautaron de estos individuos. Se han producido hechos graves y muy sospechosos que han acabado con esta absolución de los acusados, la cual se produce, además, por la misma sección de la Audiencia Provincial de Valencia que ya absolvió a otra trama fascista hace años».

Por ello, Esquerra Unida considera que tiene que ser el CGPJ «quien tome cartas en este asunto, e investigue hasta el fondo esta situación».