Entrevista a Esteban Ibarra, presiente de Movimiento Contra la Intolerancia, en Radio Almenara.
En relación al centro okupa, autodenominado 'Centro Social Ramiro de Ledesma', que funciona a modo de "hogar social" para ciudadanos españoles, en el barrio de Tetuán (Madrid).
http://www.radioalmenara.net/spip.php?article1625
jueves, 11 de septiembre de 2014
Entrevista a Esteban Ibarra: "Estos centros neofascistas tienen el objetivo de quebrar los derechos humanos".
jueves, 4 de septiembre de 2014
Atentado fascista contra el Lugar de Memoria Histórica del Marrufo
No hace ni quince días que el cortijo el Marrufo fue declarado como Lugar
de Memoria Histórica de Andalucía por ser un lugar
donde las tropas franquistas asesinaron a centenares de personas, habitantes y
refugiados en el valle de La Sauceda que defendieron los valores de la II
República.
El director de Memoria Democrática de Andalucía, Luis Naranjo, junto con el
presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo, descubrieron el pasado 26 de julio un monolito informativo que, en
pocos días, ya ha sido víctima de un ultraje: el pasado 7 de agosto una pintada
en espray negro borraba la leyenda oficial para sobrescribir encima un ‘¡Viva
España!’.
Desde el Foro y la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo
en La Sauceda y el Marrufo, explican que los autores
de este ataque también hicieron pintadas en el camino de acceso y la entrada al
cementerio de La Sauceda, donde reposan los restos de las 28 personas que
fueron encontradas en las fosas comunes del Marrufo.
Miembros de ambas entidades han procedido a su limpiado para borrar las
huellas de este ataque y restaurar la dignidad de este sitio. Foro y asociación
consideran que este ataque “solo puede provenir de algunos ignorantes
anti-demócratas que siguen defendiendo el régimen fascista de terror que se
levantó en 1936 contra la legalidad democrática de la República y que se impuso
en España en 1939”.
Ambas entidades esperan que la justicia actúe contra ellos,
“esclarezca lo sucedido y haga pagar a los responsables de este atentado contra
un bien público y contra lo que ello representa: un trozo de memoria
del pueblo andaluz y un homenaje a las víctimas del franquismo y sus
descendientes”.
Además, han informado de lo sucedido con el panel del Marrufo a la Dirección
General de Memoria Democrática para que ponga la correspondiente denuncia en
los juzgados, como ya ha hecho la Junta de Andalucía con los ataques sufridos
en otras provincias. También va a informar a los ayuntamientos de los
municipios colindantes, Jerez, Ubrique, Cortes y Jimena, para que sus agentes
de policía local investiguen los hechos y colaboren en la protección futura del
lugar.
Fuente: http://www.andalucesdiario.es/politica/atentado-fascista-contra-la-memoria-historica-en-el-marrufo/
jueves, 31 de julio de 2014
El monumento dedicado a Primo de Rivera, desaparece del paisaje urbano de Granada
El monumento dedicado a Primo de Rivera, situado en la céntrica
plaza granadina de Bibataubín, ha desaparecido del paisaje urbano. Después de
seis años de pleitos, las asociaciones memorialistas lograron tumbar en
los tribunales la escultura dedicada al fundador de Falange, que el gobierno
municipal (PP) se negaba a retirar. Esta mañana, sin previo aviso, unos
operarios municipales desmontaron el monumento en cuestión de horas. No hubo
expectación mediática. El equipo popular había anunciado que quitaría la
escultura este mismo mes, obligado por sentencia judicial, pero no anticipó el
día en que lo haría.
A las 8 de la mañana, una cuadrilla de operarios acordonó la zona y
procedió a desmontar la escultura con un camión grúa. Poco después, fue
descargada en el camión. La escultura, símbolo del franquismo, desaparecía del
paisaje urbano. En la zona ha quedado la base sobre la que se asentaba
el monumento, que representaba el saludo fascista: cinco brazos coronados
por unas alas de águila con el yugo y las flechas, y una dedicatoria: “Granada
a José Antonio”.
Desaparece del lugar el monumento fascista, pero no los honores a su autor. El
gobierno municipal y el equipo popular de la Diputación se las han ingeniado
para mantener viva la memoria de Francisco López Burgos, el escultor franquista
que realizó durante la dictadura la obra dedicada a Primo de Rivera. Fue
en el año 1972, cuando el padre del actual presidente de la Diputación, también
presidente del PP y senador, Sebastián Pérez, era subjefe provincial del
Movimiento.
Pérez ha sido el principal defensor del monumento dedicado a Primo de
Rivera. La máxima autoridad del PP de Granada se saltó la Ley de Memoria
Histórica desde un principio para mantener la escultura fascista, invocando el
valor artístico de la obra. El pasado mes de abril y después de un largo
pleito, los tribunales le quitaron la razón. El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía sentenció que la escultura carecía de valor artístico y
suponía, además, una exaltación del fascismo.
La escultura dedicada al fundador de Falange se va del centro de Granada,
brazo en alto, para ser sustituida por otra obra del mismo autor: una estatua
que lleva por nombre la ‘Soledad’, cedida recientemente por la Diputación al
Ayuntamiento para que ocupe el mismo lugar del monumento que rendía honores a
Primo de Rivera.
Las dos instituciones gobernadas por el PP resolvieron homenajear así al
autor del monumento fascista y colocar en un lugar privilegiado de la ciudad
una obra que formaba parte de la decoración del despacho del presidente de la
Diputación. La memoria del escultor franquista sigue viva.
SATISFACCIÓN EN LA IZQUIERDA GRANADINA
La retirada del monumento fascista ha sido posible gracias a la batalla
judicial en la que se embarcó la Asociación Granadina para la Recuperación de
la Memoria Histórica (AGRMH), que recurrió en su momento el acuerdo por el que el
gobierno municipal del PP utilizó el rodillo de su mayoría absoluta para
rechazar una moción de IU, respaldada por el PSOE, que pedía la retirada de la
escultura en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. También
recurrió ese acuerdo la Abogacía del Estado, que ha pleiteado, junto con la
AGRMH, para que los tribunales entraran en el fondo de la cuestión.
Durante años, los juzgados granadinos eludieron pronunciarse sobre la
retirada de la escultura y se limitaron a emitir sentencias que resolvían los
recursos agarrándose a cuestiones formales o errores de puntería procesal. La sentencia del
TSJA del pasado mes de abril, que era firme y contra la que no cabía recurso,
echó por tierra los argumentos a los que se aferraba el PP para mantener en el
centro de Granada ese símbolo del franquismo.
Hoy, asociaciones memorialistas, partidos políticos (salvo el PP) y
organizaciones ciudadanas han celebrado la retirada de la escultura. La
Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación entiende que “por fin” se
puede “pasear por la Plaza de Bibataubín sin soportar ese infame
símbolo fascista, que era insostenible en democracia”. Su portavoz, Francisco Vigueras,
considera que “hoy es un gran día para las víctimas del franquismo, para la
democracia y para la imagen de la ciudad de Granada. La Plaza de Bibataubín ha
vuelto a la normalidad democrática”.
El representante del colectivo afirma que la Plaza de Bibataubín debería
estar presidida por un monumento de consenso, que sea laico, que haga una
exaltación a la democracia y que represente a toda la ciudadanía. “Consideramos
que el intento del Partido Popular de imponer la escultura de una niña en
posición sumisa y que parece estar rezando, es una nueva burla del
gobierno municipal del PP a la ciudadanía”.
El PSOE de Granada también ha celebrado la retirada de la escultura
fascista. La coordinadora del Grupo de Memoria del PSOE provincial de Granada,
Fátima Gómez, ha lamentado que el gobierno municipal y el PP provincial se
hayan negado a retirar durante años un monumento que suponía “una exaltación al
fascismo y a la barbarie franquista y un insulto para las víctimas y sus
familiares”. Para la representante socialista, está claro que el PP ha
retirado la escultura dedicada al fundador de Falange “por obligación judicial
y no por convicción”.
“No se puede poner flores a Lorca y al mismo tiempo rendir homenaje a sus
verdugos”, señala Fátima Gómez, en alusión al presidente provincial del PP,
Sebastián Pérez, y a su defensa del monumento a Primo de Rivera. Su actitud,
añade, es propia de los nostálgicos y no de “demócratas”. La coordinadora del
Grupo de Memoria del PSOE provincial ha pedido al presidente del PP y al equipo
popular del Ayuntamiento que dejen de homenajear a escultores premiados por la
dictadura, poniendo en el mismo lugar otra obra del mismo autor franquista, y
ha reclamado que devuelvan a la vía pública el monumento a la
Constitución que retiraron hace unos años.
El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, también se
alegra de que “la normalidad democrática vuelva a las calles de Granada”, aunque insiste al
recordar que la retirada de la escultura franquista no se ha hecho por iniciativa
del PP, sino por sentencia judicial. “El PP ha estado mareando la perdiz hasta
el último momento”, señala, y espera que se supriman los símbolos de la
dictadura que permanecen en la ciudad en cumplimiento de la Ley de Memoria
Histórica-
El presentante de IU pide consenso sobre lo que se va a colocar en el mismo
lugar. “Sustituir la escultura franquista por otra del mismo autor es
retorcer el asunto y generar más polémica”, insiste y reclama que el
monumento que se coloque sea representativo de toda la ciudad. Por ello, IU ha
propuesto que en ese lugar se rinda homenaje a Enrique Morente, que representa
“lo mejor de Granada y los valores que debe defender la ciudad”.
La ONU da 90 días a España para decir qué hará con las víctimas del franquismo
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha
presentado un demoledor informe tras su visita a España el pasado septiembre, que
concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno y la petición
de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que se
indiquen las medidas que se llevarán a cabo" para implementar sus peticiones
y asistir a las víctimas del franquismo.
El informe recuerda que España está "obligada" por el derecho
internacional y la
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha
enviado al Gobierno hasta 42 recomendaciones y manifiesta su disposición
a "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" al tiempo
que ofrece su "asistencia" para que España cumpla con la declaración
contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. En conversación con EL
PAÍS desde Texas, el autor del informe, Ariel Dulitzky, aseguró que la más
importante y “urgente” de todas las recomendaciones es que “el Estado asuma su
responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a
las víctimas”. Preguntado por qué ocurrirá si el Gobierno español se excusa en
la crisis económica para rechazar sus recomendaciones, Dulitzky responde: “Esto
no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega,
seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”.
Estas son las peticiones a España del grupo de trabajo de naciones unidas
sobre desapariciones forzadas:
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma
general, la ONU recomienda a España que proporcione "mayor apoyo
institucional y financiero" a las asociaciones y familiares de las
víctimas del franquismo y que cree una "entidad estatal dotada de
suficientes recursos humanos, técnicos y financieros" que se encargue de
"todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo
el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones".
Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un "plan nacional de
búsqueda" de estas personas y que lo ponga en marcha "a la mayor
brevedad posible". El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la
fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de
memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los
familiares a localizar a las víctimas.
2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que "los
responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el
momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que
las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos". Los familiares de
víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la
apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos
evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia,
casquillos, balas...), pero los juzgados casi nunca contestan.
3. Justicia. Investigaciones "de oficio". Naciones Unidas
recomienda "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones
forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e
imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las
mismas". Para ello, reclama "eliminar todos los obstáculos
jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales",
como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora
para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los
crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación,
y finalmente absuelto. La ONU propone a España "actualizar, depurar y
poner a disposición del público" la base de datos que el magistrado
elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la
frustrada investigación.
4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione
"los fondos adecuados" para que la ley de memoria histórica
"pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos
a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo
de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al
Gobierno que "vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone
la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Y reclama,
especialmente, la "implementación" de las recomendaciones de la
comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y que proponía Francisco Franco y convertir el lugar en un museo
de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de
la Armada Argentina (ESMA).
5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España
"fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y
niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación" y garantizar un
banco nacional de ADN que integre "muestras genéticas de todos los casos
denunciados".
6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre
desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere "la
creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la
verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra
Civil y la dictadura".
7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas
pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no
afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a
España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese
principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la
justicia argentina con los crímenes del franquismo.
Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a
cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer
y qué no y motivar su decisión.
LA ACUSACIÓN POPULAR RECURRIRÁ LA ABSOLUCIÓN DEL GRUPO NEONAZI FAS E INSTA A LA FISCALÍA A ACTUAR
Califican la sentencia de «poco edificante» desde el punto de vista de la
defensa de los valores democráticos
Las entidades que han ejercido la acción popular en el juicio de la llamada
«Operación
Así lo ha expresado, a través de un comunicado difundido por Movimiento
contra la Intolerancia, la Acció Popular contra la Impunitat, que se
personó en esta causa como acusación popular y formada por distintas
asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunidad
Valenciana.
El colectivo se ha referido así a la decisión de la sección cuarta de la
Audiencia Provincial de Valencia de absolver a los 16 acusados de integrar la
organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital
valenciana, al declarar nulas las intervenciones telefónicas y, con ellas, el
resto de pruebas y acciones practicadas.
La acción popular califica la sentencia de «sorpresiva y poco edificante,
desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos y los
derechos humanos». «Probablemente será muy difícil o imposible de comprender
para la ciudadanía, tras la exhibición de pruebas y armas aportadas por la
Guardia Civil en la Operación Panzer, este resultado de absolución, que
fundamenta la sala desde la ilegalidad de las escuchas telefónicas», argumenta
la entidad.
La acusación popular entiende, como ya mantuvo en el juicio, que «la
legalidad del auto emitido por el juez que autorizó las intervenciones
telefónicas de los acusados viene apoyada por abundante jurisprudencia, y
también el Oficio de la Guardia Civil al señalar una web donde se vendían armas
prohibidas, hecho que, incluso, reconoce la sentencia».
En la misma línea, estas entidades defienden que «la jurisprudencia observa
que los indicios que se exigen para una intervención telefónica son algo
más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios
racionales que se exigen para el procesamiento y que debe quedar claro que no
es necesario que se alcance el nivel de los indicios racionales de criminalidad
propios de la adopción del procesamiento».
En este sentido, recuerdan varios pronunciamientos del Constitucional que
apuntan que «la proporcionalidad supone también que el sacrificio del
derecho reporte más beneficios al interés general que desventajas o
perjuicios a otros bienes o derechos atendidos la gravedad de la injerencia y
las circunstancias personales de quien la sufre».
«Base suficiente para ir al Supremo»
En consecuencia, la acusación popular «entiende que hay base suficiente
para ir a un recurso ante el Supremo, por lo que sudepartamento jurídico ya
ha comenzado a estudiar su interposición».
Paralelamente, emplaza a la Fiscalía a presentar recurso de casación frente
a esta sentencia, «en congruencia con su propia acusación que ha mantenido
durante todos estos años, garantizando así, el que por encima del
riesgo de quebranto económico que pudiera suponer un recurso de casación,
ante numerosas partes, asumido exclusivamente por las organizaciones no
lucrativas que sostienen la Acusación Popular, la Fiscalía cumple con su misión
de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».
Finalmente, Acció Popular contra la Impunitat advierte «del peligroso
ambiente de euforia de los grupos neonazis en las redes sociales e
internet tras el conocimiento de la absolución de los encausados».
EU reclama al CGPJ una investigación
Asimismo, el diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, ha
exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que abra una «investigación
seria y coherente sobre los hechos producidos, porque es muy grave».
«Y nos parece sumamente sospechoso que varias tramas fascistas investigadas
por la policía y después de instruirse los casos, salgan absueltas en
la Audiencia Provincial de Valencia de manera sistemática», afirma el
parlamentario en un comunicado.
Sixto subraya que la absolución de los acusados del caso Panzer ha llegado
después de que haya tardado muchos años en producirse la vista oral en este
juicio. El representante de EU asevera que «durante la instrucción se
destruyeron pruebas de la acusación, en concreto las armas que se
incautaron de estos individuos. Se han producido hechos graves y muy
sospechosos que han acabado con esta absolución de los acusados, la cual se
produce, además, por la misma sección de la Audiencia Provincial de
Valencia que ya absolvió a otra trama fascista hace años».
Por ello, Esquerra Unida considera que tiene que ser el CGPJ «quien tome
cartas en este asunto, e investigue hasta el fondo esta situación».
martes, 22 de julio de 2014
22 de Julio Conmemoración del Día Euroeo de las Víctimas de delitos de Odio
- Este martes, 22 de Julio, se
conmemora el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Odio.
- Movimiento contra la Intolerancia
lamenta que no se denuncie la mayoría de las agresiones contra personas por
motivo de su raza, orientación sexual o discapacidad. "Hay una realidad
oculta tremenda".
- Vincula el aumento de casos con el
"veneno" que se genera a través de las redes sociales.
- Según la
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "entre el 75% y
el 90% de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio no
denuncian su caso".
La reciente denuncia por agresión a una pareja
gay en Almería o el ataque racista en el metro de
Barcelona, un par de agujas en el pajar. "Eso ocurre todos los
días, es sólo la punta del iceberg", lamenta Valentín González,
coordinador regional en Andalucía de Movimiento contra la Intolerancia.
"El problema que tienen este tipo de incidentes es que la mayoría de las
víctimas no denuncian", comenta.
Este martes se conmemora el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del
Odio. El 22 de julio de 2011, un ciudadano noruego de extrema derecha, Anders
Breivik, mató a 77 personas en dos ataques en la ciudad de Oslo y en la isla de
Utoya, en un intento por luchar contra el multiculturalismo, el islam y la
inmigración. Muchas otras personas son víctimas con frecuencia de ataques de
diferente tipo que, según Movimiento contra la Intolerancia, no se llegan a
hacer públicos.
En España, Valentín González pone como ejemplo la violencia de género, que
"en su momento se puso en la agenda social y mediática" y
"afortunadamente ahora hay muchas campañas, anuncios, etc." que
fomentan las denuncias contra ese tipo de hechos. "Eso está ya en la
cultura; sin embargo, cuando hablamos de delitos de odio y discriminación,
todavía no existe esa especie de conmoción social que se produce con el tema
del machismo".
A su juicio, "eso produce un déficit de conocimiento del delito de
odio y de la utilización de la legislación vigente" que, según opina,
"no está mal", pero "por el desconocimiento del fenómeno no se
aplican por ejemplo los tipos de agravantes y no se hace justicia en la medida
en que se debiera". "Puede que un ataque de ese tipo se salde con una
simple multa por considerarse una falta", lamenta. Según recuerda el
portavoz, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala
que "entre el 75% y el 90% de las víctimas de delitos motivados por
sentimientos de odio no denuncian su caso".
El artículo 510 del Código Penal castiga con prisión de uno a tres años y
multa de seis a doce meses a aquellos que provocaren a la discriminación, al
odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen
nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
Casi 1.200 delitos durante 2013
Valentín González pone este tipo de agresiones "en conexión con el
incremento del populismo xenófobo y del discurso del odio en Internet",
donde "se está difundiendo permanentemente veneno racista y odio a través
de las redes sociales". "En la medida en que eso crece, da oxígeno a
los delitos de odio; es algo inacabable", lamenta. El secretario de Estado
de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, ponía cifras concretas a
esta reflexión de Movimiento contra la Intolerancia: en 2013 se detectaron a
través de las redes sociales en España un total de 50.400 delitos, más de
11.000 relativos a delitos de odio.
Por primera vez, el Gobierno ha elaborado un 'mapa de la discriminación'
que, según los datos ofrecidos el pasado abril, habla durante 2013 de 1.172
incidentes catalogables como delitos de odio contra personas principalmente por
motivo de su raza, origen o etnia, su condición u orientación sexual y por
razón de su situación de discapacidad.
La cuarta parte (299) de estos casos se recopilaron en Andalucía, por
encima de Cataluña (188) y Madrid (136), las comunidades con más delitos,
faltas e infracciones, principalmente por sus densidades de población. La
estimación de Movimiento contra la Intolerancia supera los 4.000 al año.
"Hay una realidad oculta tremenda", sentencia Valentín González.
El coordinador regional agradece la
reciente llegada de fiscales especializados por provincias en delitos de odio y
recuerda la creación del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y
Discriminación (COVIDOD), presentado igualmente en abril y que aglutina a las
personas afectadas por este fenómeno. El objetivo es fomentar las denuncias y
dar a conocer a los agentes y sectores implicados de los ámbitos de la
seguridad, la justicia, etc.
miércoles, 9 de julio de 2014
PARA QUE LAS VÍCTIMAS DE LOS CRÍMENES DE ODIO NO CAIGAN EN EL OLVIDO.
AHORA MAS QUE NUNCA NECESITAMOS TU APOYO Y SOLIDARIDAD.
El próximo 22 de julio se conmemora una fecha crucial, en recuerdo de las víctimas de los crímenes de odio cometidos por el criminal ultraderechista Anders Breivik en Oslo y Utoya (Noruega), donde perdieron la vida 77 personas.
Durante todo este mes, compartiremos información y novedades que podéis consultar en relación a esta señalada fecha. De momento te animamos a firma la petición para que el día 22 de Julio el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio: http://
El próximo 22 de julio se conmemora una fecha crucial, en recuerdo de las víctimas de los crímenes de odio cometidos por el criminal ultraderechista Anders Breivik en Oslo y Utoya (Noruega), donde perdieron la vida 77 personas.
Durante todo este mes, compartiremos información y novedades que podéis consultar en relación a esta señalada fecha. De momento te animamos a firma la petición para que el día 22 de Julio el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio: http://
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